Luego de una serie de reuniones de carácter nacional desarrolladas en Santiago y Valparaíso, representantes de los estudiantes secundarios y universitarios junto al Colegio de Profesores ratificaron de manera oficial el rechazo a las respuestas entregadas por el ministro de Educación, Joaquín Lavín. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, informó ayer que se reunió con los tres voceros designados el fin de semana por la Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) -que agrupa al 80% de los secundarios del país-, Rodrigo Rivera (norte), Freddy Fuentes (centro) y Roberto Toledo (sur) y Camilo Ballesteros, representante de la Confech, donde consensuaron sus petitorios.
“No aceptaremos una mesa de diálogo o negociadora sino están presentes todos los estamentos educacionales, es decir, universitarios, secundarios, profesores, asistentes, apoderados. Esa es nuestra primera condición”, explicó el dirigente.
Junto a ello, aseguró que “reafirmamos la idea de buscar el diálogo, pero seguiremos movilizados. Además, ratificamos el paro social y ciudadano por la educación pública, convocado para el jueves”.
Gajardo agregó que todos los actores en esta “lucha por la educación pública tienen un petitorio más o menos instalado, donde cada sector tiene sus propios intereses, pero existe un denominador común: que la educación pública en Chile se debe recuperar y desarrollar”.
En ese sentido, indicó que es necesario que las escuelas municipales sean administradas por el Mineduc, que no se sigan formando escuelas subvencionadas de manera irregular. Por el lado de las universidades, el dirigente dijo que se debe regular el sistema y que por ley se prohíba el lucro.
“Estos son los planteamientos básicos y si estos cambios implican modificaciones constitucionales, se deben hacer e instalar la idea de un plebiscito”, sentenció.
En este escenario, la Confech reiteró su llamado al paro nacional en el cual esperan congregar a más personas que las 70 mil reunidas el pasado jueves 16 en Santiago.
A la convocatoria se sumó la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam). La presidenta de la organización, Carolina Espinoza, dijo que la educación y la salud son un derecho y una responsabilidad del Estado, por lo que “es un deber ético y moral hacerse parte del paro nacional”.
Dentro del petitorio de los estudiantes está la desmunicipalización de los establecimientos educacionales, la mejora de la infraestructura de los liceos técnicos y el funcionamiento del pase escolar durante todo el año. Poner fin al lucro, más equidad y gratuidad también forma parte de sus demandas.
Los alumnos advirtieron además, que no pretenden bajar sus movilizaciones ni las tomas de colegios y denunciaron, en cambio, excesiva violencia de parte de Carabineros en los desalojos de algunos centros educacionales, hablando en especial de un caso en Iquique.
En tanto, en una entrevista televisiva emitida el domingo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “hay un diálogo importante sobre la educación universitaria y secundaria. Pero hay cosas que no comparto. No soy partidario de la estatización de la educación pública. Enchufarle al Estado cerca de 12 mil colegios creo que sería un desastre”.
Pero mientras el ministro aseguró que hay demandas con las que el gobierno empatiza, estima que a los estudiantes “se les ha pasado la mano en la toma de colegios”. “Van cientos de millones de pesos en destrucción de colegios, mucha violencia en las marchas”, dijo.
Aclaró que “nadie pretende criminalizar las marchas (…) Pero ellos podrían igualmente hacer sus demandas pero permitir que los colegios estén funcionando, porque le están haciendo un daño a la educación del país”.