Ayer, la Corte Internacional Penal (CPI) ordenó la detención de líder libio Muammar Gaddafi, además de su segundo hijo, Saif el Islam, y su cuñado Abdulá el Senusi, acusados de crímenes contra la humanidad por la Fiscalía de dicho tribunal. En una sesión pública, los jueces de la Sala Preliminar primera de la CPI, explicaron que la Fiscalía presentó suficientes pruebas para emitir la orden de detención contra Gaddafi y su entorno más cercano, quienes cuentan con gran número de acusaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia desde febrero, en el marco de las revueltas en ese país.
Los jueces consideraron que Gaddafi, El Islam y El Senusi tienen una “responsabilidad penal” como presuntos “ejecutores indirectos” de los crímenes de asesinato y persecución cometidos contra civiles libios.
En relación a cuándo y dónde se habrían cometido los crímenes, los jueces especificaron que en el caso de Gaddafi y su hijo, se trataría “especialmente de Bengasi, Misrata y Trípoli entre el 15 de febrero y, al menos, el 28 de febrero de 2011”.
Para Senusi, los crímenes que se le imputan fueron cometidos principalmente en Bangasi entre el 15 de febrero y, al menos, el 20 de febrero de 2011.
Sanji Mmasenono, la jueza que preside la Sala Preliminar Primera, indicó durante la lectura de la orden, que el arresto de los tres libios “es necesario”, entre otras cosas, para evitar que continúen obstruyendo la investigación.
Al anunciar la decisión de la Corte, la juez agregó que la Fiscalía entregó “pruebas suficientes” para sospechar que Gaddafi ejercía “control absoluto” sobre el aparato libio de seguridad que desde el 15 de febrero y “en menos de dos semanas, mató o hirió a cientos de civiles”.
Sobre el hijo de Gaddafi, los jueces también consideraron que la Fiscalía presentó “suficientes pruebas” para determinar que a pesar de no “tener una posición oficial”, Said El Islam presuntamente “ejerció un control crucial sobre el cuerpo de seguridad del Estado, siendo primer ministro”.
Sobre El Senusi, los jueces determinaron que está al frente del Servicio de Inteligencia libio, que “es uno de los principales organismos de represión del régimen”.
Además, consideraron “suficientemente probado” que los tres sospechosos eran conscientes de sus “posiciones de control”.
Ahora será la Fiscalía quien deberá emitir “lo antes posible” una petición de colaboración a las autoridades libias para ejecutar la orden de arresto.
Esta orden podría entorpecer la opción de varios gobiernos que barajan el exilio de Gaddafi como una solución política que pondría fin al conflicto en Libia.