El viernes comenzaron oficialmente las vacaciones de invierno para los distintos establecimientos educacionales de la región, en medio de un escenario todavía incierto para el año escolar, por la continuación de las “tomas” en siete liceos de Punta Arenas. Un hecho que ya se transformó en un dolor de cabeza para la administración municipal que decidió apoyar abiertamente las demandas del estudiantado secundario, dejando al arbitrio del Gobierno central la resolución de la problemática, lo que le significa al ente arrastrar un déficit por subvención durante los 16 días contabilizados por calendario escolar (previo a vacaciones) cercano a los $ 400 millones, dada la inasistencia de alrededor de cinco mil alumnos a clases.
Lo más preocupante de todo es que los alumnos movilizados han manifestado no bajar los brazos, hasta que las respuestas concretas lleguen desde el Mineduc, amenazando incluso seguir con las “tomas” cuando las vacaciones acaben, lo que pone en un riesgo aún mayor las finanzas de la Corporación Municipal.
En este sentido, los directivos del ente como dirigentes del Colegio de Profesores -que también respaldan el movimiento estudiantil-, señalan que la medida de presión adoptada por los secundarios cabe dentro de “los motivos de fuerza mayor” para justificar la alta inasistencia.
Lo cierto es que la Cormupa ya presentó su plan de recuperación de clases a fines de esta semana a la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc), donde plantea la idea de retomar los días perdidos desde el 9 de diciembre hasta el 31 del mismo mes; margen calculado para completar los 16 días de movilización, en un escenario, cabe recordar, donde los jóvenes cuentan con amplio apoyo de organizaciones sociales para continuar con la medida. De hecho, el viernes recién pasado, en la sede del Colegio de Profesores, la directiva regional, encabezada por Julián Mancilla, la CUT, la ACM y representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Cormupa, comprometieron un trabajo conjunto para recolectar víveres a los alumnos que se encuentran en las “tomas” y así abastecerlos de los productos de primera necesidad, por el cese de la entrega de alimentación durante el período de receso por parte de la Junaeb.
La respuesta ante esta propuesta, el ente gubernamental la podría hacer llegar dentro de esta semana al sostenedor, que también está sujeto a recibir aprehensiones y consultas por parte del evaluador respecto de temas puntuales, como la situación de los cuartos medios.

Fondos para infraestructura

Obedeciendo al estado de este conflicto educacional, el Gobierno Regional ya ha aprobado algunas iniciativas a corto plazo para dotar a los planteles de mejor infraestructura en torno al mantenimiento, y la reconstrucción de dependencias de los establecimientos, como también su mobiliario.
El lunes, por ejemplo, en la sesión del Consejo Regional (CORE) se aprobaron $ 99 millones para la renovación de la techumbre de la Escuela Manuel Bulnes y reposición de ventanas, puertas y pintura para el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.
Posteriormente, el seremi de Educación, Raúl Muñoz, anunció la inyección de fondos por más de $ 900 millones para los seis establecimientos tradicionales de la región, a través de la presentación de proyectos que otorgarán $ 180 millones a cada uno, para lo cual deberán trabajar durante este mes de forma de estar disponibles para su ejecución a principios de diciembre.
Sin embargo, estas señales no lograron convencer al secretario general de la Cormupa, Orlando Estefó, quien fue enfático en indicar que el Gobierno debía dar signos de querer solucionar el problema macro, es decir, el fortalecimiento de la Educación Pública, porque a su juicio, “el Estado nos ha tenido botados, con una subvención miserable que no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de los establecimientos”.
Por su parte, el intendente Arturo Storaker criticó el manejo municipal en la administración de los establecimientos educacionales, argumentando que no existe por parte de la municipalidad un diagnóstico claro del uso de los planteles y de la fórmula que se aplicará para atraer más alumnos, antecedentes esenciales para determinar la viabilidad de los proyectos que deben ser aprobados por el CORE.