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Lo anterior ha resultado en que las cuencas se encuentras sobre explotadas, a la vez que se aprecia una enorme concentración, con el 90% de los derechos de aprovechamiento no consuntivos pertenecientes a sólo 3 empresas generadoras, señaló el senador.
“Por ello, la Presidenta Michelle Bachelet propuso al Parlamento una reforma constitucional que declaraba el dominio público sobre todas las aguas, incluyendo las subterráneas y los glaciares que trataba de recoger, con rango constitucional, las antiguas normas del Código Civil que habían sido desvirtuadas por el Código de Aguas, junto con asegurar un marco que permitiera un mayor margen de acción al Estado para garantizar los derechos de todos, especialmente ante situaciones graves de desabastecimiento”, aseveró el legislador.
Lamentablemente, dicha reforma no fue aprobada y el actual Gobierno no sólo ha desistido de perseverar en su trámite, sino que anunció la decisión de enajenar la participación que aún queda en poder del Estado de las empresas sanitarias cuya porción mayoritaria había sido privatizada al finalizar la década de los ’90, esto es Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL, indicó.
“A la reducción del ámbito público en un bien crecientemente estratégico, se añaden las complejidades de regulación y fiscalización en un servicio donde no se tiene información relevante y la evidencia que no se ha producido un beneficio palpable para la ciudadanía, más allá de las inversiones en tratamiento de aguas servidas, pues, en lo fundamental, las tarifas siguen siendo altas”, sentenció el congresista.