A la espera de la promulgación por parte del Presidente Sebastián Piñera se encuentra la Ley de Cierre de Faena e Instalaciones Mineras, el que fue aprobado por el senado, cumpliendo así la totalidad de los trámites legislativos para iniciar su vigencia. Este documento obligará a las actividades actuales del rubro y a las futuras a ceñirse a sus indicaciones, las que entre otras estipulan el cierre en el área de exploración, prospección y exploración de yacimientos mineros; todas las acciones que se vuelven especialmente pertinentes para Magallanes, ante el comienzo de los trabajos de la mina Invierno de la Minera Isla Riesco.
Hasta ahora, sin una ley que aplicar, las empresas del rubro no tienen la obligación de contar con un presupuesto destinado a planes de cierre y tampoco de asegurar una garantía económica para que el Estado pueda ejecutar estas obras en el caso de que la compañía no lo realice, como sí lo considera el documento creado en el Congreso.
Además, se exige que el proyecto de cierre de la faena sea sometido a la aprobación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), como requisito previo al inicio de las operaciones.
Con esto se insta a una planificación más extensa y detallada de lo que será la industria tanto para el medio ambiente como para las comunidades que se ubican próximas a las faenas.
“El objetivo principal de la aplicación de una ley que regule el cierre de faenas o instalaciones mineras es la prevención, minimización control de los riesgos o efectos negativos que se generen sobre la salud y seguridad de las personas o del medio ambiente, con ocasión del cese de sus operaciones, o que continúen presentándose con posterioridad a éste y a consecuencia suya”, consigna el documento legal.
Con el proyecto de ley también se evitará que el Estado se haga cargo y responsable de posibles abandonos de zonas donde se generaron perjuicios al medio ambiente; como contaminación y terrenos degradados, que requieren de una gran inversión para reconvertirlos en tierra “utilizable”.
Además, se espera que los empresarios al área contemplen el cierre de la faena como un ciclo más que debe contener su proyecto, pues es una tarea que de antemano se sabe que es finita.
Caso local
La mina Invierno considera el 65% de cierre de su faena minera, ubicando dos “botados” con dimensiones establecidas y con un sistema de recuperación de la tierra que resulte de la excavación y que quedará en la superficie pues pertenece al 35% que no será regresado al rajo.
A juicio del gerente de la empresa, Jorge Pedrals, la ley “que se está generando está enfocada principalmente en la minería del norte”, pero “lejos, nuestro proceso es más completo porque considera el 65% de cierre, algo que no lo ha hecho nadie en el país y creemos que seremos los únicos en realizar”, aseguró.
Explicó además que desde el segundo año de explotación se comenzarán los trabajos de cierre, y que se han tomado todas las consideraciones medioambientales pertinentes. Por ello se optó por hacer un rajo móvil en las 250 hectáreas que abarcará la mina.
Pedrals asevera que este proyecto no tiene comparación con lo que fue y es Pecket, puesto que aún se está explotando carbón en el lugar. El ejecutivo, quien también perteneció al equipo que trabajó en Pecket, estima que en ese caso no se consideró un proyecto de cierre de faena porque el escenario era otro, especialmente, respecto a la preocupación por el medio ambiente que existía en la autoridad y en la ciudadanía, pero advirtió que al continuar su operación, cada día se va mejorando su funcionamiento y se van modificando las acciones que pudieran estar afectando en este ámbito.
“Los actuales dueños están preocupados de esta materia y lo que ocurrió no fue un error, sino que los tiempos eran otros”, aseveró el gerente de la minera, insistiendo en que el actual proyecto “está concebido con las mejores tecnologías” y que “es muy distinto a Pecket”.
Desconfianza
Para los ambientalistas que están en contra del proyecto minero, básicamente por las múltiples observaciones que han detectado en plan, estiman que la ley no incluye todas las especificaciones necesarias para resguardar el posible daño al medio ambiente que se puede llegar a generar.
En este sentido, una de las opositoras, Ana Stipicic, cuestionó lo que ocurrirá con la totalidad de la tierra que sea extraída del rajo y la remoción absoluta de los desechos que se generen de la labor, pues no existiría la obligación de efectivamente dejar el lugar en las mejores condiciones a base de verdaderos esfuerzos.
“Me parece que con el 65% del cierre del rajo no están cumpliendo con el espíritu de la ley, que es cuidar y dejar el medio ambiente alterado en las mejores condiciones”, afirmó Stipicic.
Agregó que el 35% que no será tratado “quedará abandonado y llenándose de agua lluvia. Se generará una pérdida del terreno y de todo el sector, que no podrá ser recuperado en años. Creemos que corresponde que ellos se hagan cargo de eso también”, aseguró.
La ley de Cierre e Instalaciones Mineras es retroactiva, por lo que todas las explotaciones que se están efectuando en la actualidad deberán someterse a sus indicaciones.