El seminario se enmarca en el contexto del programa denominado “Bases ambientales, jurídicas y comerciales para el desarrollo sustentable de las turberas en Magallanes” elaborado por la Seremi de agricultura, financiado por el Gobierno Regional con fondos Fondema y ejecutado por INIA-Kampenaike.

Durante todo el día viernes, se realizó en dependencias de la ACHS el Seminario-Taller “Marco jurídico aplicable al recurso Turba”, cuyo objetivo fue presentar los resultados de un estudio jurisprudencial y legal del recurso turba a nivel regional, nacional e internacional, y discutir con los distintos actores públicos y privados de la región relacionados con la producción y conservación de turberas, algunas propuestas que permitan lograr un ordenamiento jurídico a nivel nacional y regional, para el uso, explotación y conservación de este recurso, que existe en gran abundancia en nuestra región, ocupando una superficie de casi 2,5 millones de hectáreas.

Para ello, se contó con la participación de las desatacadas abogadas e investigadoras en el área del derecho y política ambiental de la Universidad Diego portales, Dominique Hervé Espejo, Andrea Martínez Morris, e Ignacia Mewes Alba, quienes expusieron sobre diversos temas relacionados con la legislación, derecho comparado, convención de biodiversidad y cambio, convención de Ramsar, jurisprudencia nacional, y posibles herramientas de orden jurídico aplicables al objetivo del seminario.

Según el SEREMI de Agricultura Manuel Bitsch, ésta es una materia de gran importancia, debido a que en nuestra región existe interés creciente por la explotación de la turba y también de un musgo llamado “Pon Pon” (Sphagnum) que se desarrolla sobre ella. Sin embargo hay una serie de aspectos, en cierta medida contradictorios, necesarios de esclarecer, y que finalmente requerirán de propuestas de modificaciones de carácter legal. “Uno de ellos es la caracterización de este recurso, que estando constituido por material orgánico-biológico, es considerado como un mineral, y, por lo tanto, se considera un yacimiento sujeto a concesiones mineras; lo que tiene una segunda implicancia respecto a la propiedad del suelo turboso y la vegetación (Sphagnum y otras) que crecen sobre este, ante lo cual el propietario de un predio con presencia de turba, no tiene ninguna posibilidad de oponerse a la explotación que realicen terceros, que hayan obtenido y estén pagando los derechos de una concesión minera en esa superficie” explicó Bitsch.

“Como Ministerio estimamos, que al menos las capas u horizontes superiores de estos ecosistemas, corresponden a suelo agrícola, ya que de acuerdo a su definición corresponde a material orgánico que sustenta vida vegetal. Es decir, la primera capa de turba –llamada turba rubia– debe ser considerada como “suelo agrícola” ya que es capaz de sustentar vida que crece sobre éste, como lo es el musgo Sphagnum y otras especies vegetales que constituyen, sin lugar a dudas, material vegetal y no minero, y por lo tanto debieran ser parte de la propiedad del dueño del predio donde ésta se encuentra. Sólo los horizontes más profundos de una turbera, podrían ser considerados como un elemento mineral –aunque sigue siendo material orgánico con mayor grado de descomposición– por tener un uso preferentemente energético”, agregó el Seremi.

Por otra parte está el tema de la conservación del recurso y su manejo sustentable. En este sentido, la autoridad del agro regional señaló que si bien su explotación comercial debe estar sujeta a cierta normativa o planes de manejo que aseguren sustentabilidad; debe tenerse en consideración que en nuestra región más del 80% de la superficie de turba, esto es 2,27 millones de hectáreas que equivalen al 17% de la superficie de la región, se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, principalmente en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins el cuarto Parque más grande del mundo, lo que asegura su conservación y aporte a la biodiversidad.

En cuanto a la propuesta jurídica de la explotación de la turba Dominique Hervé explica “lo que hicimos fue identificar cuál es el marco regulatorio aplicable actualmente a la turba, cómo ha sido abordado por los tribunales de justicia y ver si hay alguna interpretación de la naturaleza jurídica del recurso, ya que de acuerdo a nuestra legislación, la turba es una sustancia mineral, pero de acuerdo con el uso que se le da, se trataría de un recurso agrícola”, sostuvo e indicó que los próximos pasos a seguir son “continuar estudiando el tema y decidir cuál es el uso que se le quiere dar en la región a la turba y determinar cuáles son los caminos que se pueden aplicar para promover esos usos y luego identificar que modificaciones o que marcos regulatorios se requerirían para ello”.

Finalmente, el Seremi enfatizó que “esperamos lograr una propuesta que genere una política clara, con una normativa legal y ambiental que permita realizar una explotación sostenible de este recurso, que se puede transformar en una oportunidad interesante para la diversificación productiva de algunos predios del sector silvoagropecuario, y un aporte al desarrollo socioeconómico de Magallanes”.

Turbales en Magallanes

Las turberas son humedales que cumplen importantes funciones ecológicas sobre el entorno, constituyendo reservorios de agua dulce, regulando flujos hídricos, e influyendo directamente sobre la dinámica de bosques, pastizales, ríos y asentamientos humanos, cercanos a ellas como Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

Actualmente las turberas, emplazadas en los principales países productores, han sido ampliamente explotadas, agotándose el recurso y aumentando significativamente los costos extractivos para el empresariado. Asimismo y, principalmente, por la coyuntura político – económica y la volatibilidad del precio del crudo en el mundo, se ha producido una creciente demanda por fuentes energética alternativas. Es por ello, que empresas extrajeras y nacionales visualizan al sur de Chile, y en especial a Magallanes, como una muy buena plaza para desarrollar su actividad, aumentando año a año la presión sobre este recurso regional.