El anteproyecto del Gobierno de no subir el gas, que para entrar en vigencia debe ser aprobado en el Congreso, sólo contempla subsidio permanente para el precio preferencial domiciliario, por lo que el consumo de combustible en diversos sectores industriales, fiscales y comerciales de la región se verá afectado con la medida.
Son exactamente 44 los consumidores en la Región de Magallanes que, a raíz del anuncio que presentaron en Punta Arenas los ministros Laurence Golborne (Obras Públicas) y Rodrigo Álvarez (Energía) respecto del proceso de tarificación del gas para el uso domiciliario, no quedarán sujetos a la totalidad del subsidio permanente que otorgará el Estado para brindarles un precio preferencial ya que su consumo sobrepasa los 25 mil metros cúbicos mensuales, como establece la propuesta gubernamental.
La lista de las entidades que se verían afectadas pudo conocerse ayer (ver recuadro, página 5) y formó parte del trabajo técnico elaborado por el Ministerio de Energía para definir las principales consideraciones que fijarían por primera vez, a través de una iniciativa legal, la prioridad para el abastecimiento residencial del gas natural producido en la zona austral.
De esta forma, se detalla el tipo de cliente que se clasifica en Industrial, Fiscal y Comercial, la ciudad de origen y la entidad que puede pertenecer a un sólo gran consumidor como es el caso del Hospital Regional que arroja dos boletas de gas.
El ranking del promedio anual 2010 lo lidera Industria Frigorífica Simunovic S.A., a la que le sigue la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval y el Hospital Regional de Punta Arenas. En tanto, los lugares más alejados pero que igualmente registran un consumo promedio anual por sobre los 25 mil metros cúbicos, los ocupan la Universidad de Magallanes (UMAG) en el 44º y Skysal S.A. Acuicultura en el 43º.
Así, de un universo empresarial de más de 6 mil unidades productivas presentes en la Región de Magallanes, tan solo 18 de ellas (las que se encuentran destacadas), presentan volúmenes superiores a 25 mil metros cúbicos mensuales, cifra que se divide en ocho que lo hacen de forma permanente y diez que sobrepasan el mencionado volumen en sólo algunos meses del año.
El subsidio se aplica hasta esta línea de corte, por lo que sobre esa cantidad se paga extra, es decir, el doble de lo que pagaría un ciudadano común y corriente en su consumo mes a mes.
CPC y Gobierno
De acuerdo con el propio ministro Laurence Golborne, la pauta para delimitar esta fórmula es que se asumió el error de enero pasado tras la brusca alza del 16,8% a la comunidad y se aprendieron las lecciones correspondientes.
“Aquí se trata de estar preocupados de la gente no de las grandes empresas y en particular creo que estas leyes asociadas al desarrollo de las regiones extremas beneficiarán la actividad productiva de las grandes corporaciones que tengan interés en hacer grandes inversiones y no le corresponde al Gobierno entregar los subsidios para aquello”, dijo, agregando que “van a ir destinados a la gente, la clase media, a las personas que lo necesiten y eso incluye a las pequeñas y medianas empresas, incluye a las panaderías y todas las pequeñas empresas y varias de las grandes que están en la cadena productiva normal de la región”.
Dichos, sin embargo, que no convencieron del todo al empresariado a nivel local, y menos el anteproyecto de ley que generó mayor incertidumbre aún respecto la definición y consideración del sector industrial en la propuesta.
La CPC Magallanes, en voz de su presidente Alejandro Kusanovic, que se retiró molesto en medio de la exposición del ministro Golborne estimó que con las reuniones de la mesa técnica del gas, había quedado claro que si se mantenían los aumentos sostenidos del combustible a los industriales, también subiría el costo de la vida para los habitantes de esta zona, ya que la comunidad magallánica está compuesta por el conjunto de sus habitantes y sus industrias regionales.
“La verdad es que no sabemos qué va a pasar, porque no hay nada claro en torno a las condiciones en que se fijará la tarifa para nosotros, lo que sí es que no se puede aceptar esta falta de definición hacia un sector fundamental del aparato productivo, el que incide fuertemente en el costo de vida en esta zona austral”, señaló el dirigente.
Siguiendo esta línea es que manifestó su preocupación en torno a dos puntos: Que la tarifa del gas quede indexada al valor del dólar, el que incide en un 75% en la tarifa final, toda vez que los sueldos de los habitantes de la región están fijados en pesos chilenos y el antecedente de que en 2009, todos quienes consumían más de 25 mil metros cúbicos sufrieron un alza del 48% en las tarifas del gas, viéndose afectadas instituciones como las que precisamente contempla el listado; corporaciones municipales, hospitales, regimientos, escuelas, consultorios; empresas como supermercados, panaderías, comercio de zona franca y de extensión, los que sufren un desmedro en su capacidad competitiva, aseveró.
El Gobierno estima, no obstante que la mayoría de estas unidades productivas se verán beneficiadas por las leyes de excepción cuando lo requieran a través de la bonificación a la mano de obra (ex DL 889), crédito tributario por inversiones (Ley Austral), bonificaciones sobre ventas netas, según corresponda y otras (exención de IVA, de impuesto territorial, exenciones aduaneras, arancelarias, etc.).
Por ahora, todas las interrogantes deberán esperar el ingreso de la propuesta al Congreso Nacional, donde se discutirán las indicaciones. Ni los parlamentarios, ni los actores de la mesa del gas, conocen el proyecto como tal, por lo que anuncian serán cuidadosos con la “letra chica”.
“Lo correcto hoy es esperar y no pronunciarse respecto de algo que no se ha presentado oficialmente por parte de la autoridad, por lo tanto yo me voy a reservar mi opinión en este momento todo lo que va a ser el proyecto de ley que se va enviar por parte del gobierno”, dijo el diputado independiente Miodrag Marinovic, mientras que la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) reiteró: “Tenemos que ser muy cuidadosos en ver cómo va a ser su comportamiento, entendiendo que hay dos factores que son muy importantes de ver. Primero que no se privatice ENAP, porque si sucede no tiene ningún sentido y segundo qué va suceder con el alza del dólar”.