Finalmente, consiguieron que el intendente de Magallanes, Arturo Storaker, gestionara una cita con la Subdere, entidad que no necesariamente puede entregar una respuesta positiva a los funcionarios, ya que como ellos mismos han señalado, las municipalidades son autónomas para abordar esta materia y depende de la voluntad política del respectivo edil, para dar solución al conflicto.
Fueron 32 días difíciles que con el paso del tiempo adquirieron más complejidades, pues el fallo adverso de tribunales, el descuelgue del movimiento de uno de sus compañeros, el descuento en su sueldo y hasta la posibilidad de ser despedidos, sumaron ingredientes que no estaban previstos a los planes de los funcionarios municipales que llevaron adelante la huelga de hambre y seca que se extendió por dicho período.
El motivo del paro de actividades de la Asociación de Funcionarios Municipales de Punta Arenas (Asemuchpa) y del ayuno de los trabajadores, tenía como origen conseguir un avenimiento con el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo para conseguir el pago del incremento compensatorio.
Sin embargo, a una semana de comenzado el paro, el edil junto a los concejales les confirmaron que no iban a poder acceder a la salida alternativa, hecho que generó la radicalización del movimiento, decidiendo los tres dirigentes de la Asemuchpa, dejar de alimentarse para hacer presión a las autoridades comunales.
Tras toda esta seguidilla de sucesos que se extendieron por más de un mes, los funcionarios obtuvieron como resultado que el intendente Arturo Storaker se comprometiera a realizar las gestiones necesarias para que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) los reciba y allí plantearles su inquietud respecto de la cancelación. Sin embargo, con ese encuentro no se asegura que el organismo comparta su postura y acceda a realizar alguna acción para el pago.
Lo que para los trabajadores fue un triunfo es haber conseguido la visita de los ministros de Energía y Obras Públicas, Rodrigo Álvarez y Laurence Golborne, respectivamente, aunque ellos además de escuchar su situación, no aportaron con medidas concretas pues no son sus carteras las involucradas. De hecho, los secretarios de Estado ni siquiera quisieron referirse al tema una vez terminado el encuentro, el miércoles pasado.
Asimismo, existe la posibilidad de que la Subdere esgrima los mismos argumentos que han planteado los funcionarios, que se relacionan con que las municipalidades son autónomas para tomar sus decisiones, por lo que no le corresponde al gobierno entregar instrucciones para enmendar el conflicto. Los trabajadores han sido enfáticos en señalar que el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo tiene la posibilidad de subsanar la problemática, ya que depende de su voluntad política.
Esto mismo ha manifestado el propio intendente, sobre todo, al comienzo del movimiento, cuando la Asemuchpa llegó hasta su oficina, instancia en que la primera autoridad regional advirtió que el diálogo entre las partes era fundamental para llegar a un acuerdo, y que él no tenía las herramientas para abordar la problemática.
Además, el fallo adverso de tribunales le pone a los empleados “cuesta arriba” cualquier gestión que pudieran realizar para conseguir una respuesta positiva, ya que es un argumento objetivo para quien considere que no es pertinente el pago.
Por su parte, el edil confirmó que realizará sumarios, quedando la incertidumbre respecto a los descuentos en las remuneraciones y en los posibles despidos, ya que aseguró que debe hacer cumplir la ley.
De este modo, esperando el llamado del intendente para confirmar si serán recibidos, los huelguistas bajaron su movimiento y siguen trabajando para avanzar en su demanda, dejando claro que la huelga no fue el fin de su periplo.