
La demanda pública se realizó ayer, en dependencias del ex Congreso Nacional, en Santiago, con la urgencia dada por el reciente diagnóstico médico entregado a los niños de la escuela La Greda, en Puchuncaví, que mostró gran presencia de arsénico y plomo en los pequeños, producto de convivir, a sólo 500 metros de distancia, con emanaciones de mercurio, provenientes de una fundición de Codelco y una termoeléctrica a carbón.
Esta última, de acuerdo al representante de Oceana en Chile, Alex Muñoz, “son las mayores emisoras de este metal pesado y debemos saber si se está poniendo en riesgo la salud de la población. El Gobierno debe realizar sus propias mediciones y no confiar sólo en las que entreguen las termoeléctricas, ya que pueden estar sesgadas”, dijo, detallando más tarde que “el estudio de impacto ambiental está desprestigiado”.
Coincide con esto Ana Stipicic, vocera de Alerta Isla Riesco, quien manifestó “hemos visto desidia de los organismos evaluadores, intervenciones de autoridades, conflictos de interés y un descarado lobby”.
Por su parte, la seremi de Medio Ambiente, Claudia Saavedra, aseguró que “cualquier intervención de este tipo va a generar impacto, por eso es que la norma obliga a las empresas a monitorear constantemente” y limitarse a una emisión bajo los MP10 microgramos de partículas reglamentadas.
No obstante la exigencia de Oceana, Saavedra expuso que “se va a seguir el conducto regular”, basado en estudios hechos por la compañía interesada.