La respuesta del Ejecutivo se entregó la tarde de ayer en un documento que integra reformas constitucionales, aunque descartó una reforma tributaria que ayude a financiar el mejoramiento. Los estudiantes darán a conocer este viernes sus conclusiones. Ayer a las 19.00 horas -luego de una jornada más de protestas, con nuevos alumnos adherentes a huelga de hambre en el país y cortes de tránsito en varios puntos de la capital-, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, y representantes de los estudiantes secundarios, de la Confech y del Colegio de Profesores, realizaron el esperado encuentro donde el Gobierno entregó el documento que responde al petitorio unificado, llamado Bases para un Acuerdo Social por la Educación, que el movimiento estudiantil presentó al Ministerio la semana pasada.
Dicho petitorio exige, fundamentalmente, un cambio constitucional que asegure el derecho a la educación mediante garantías estatales, aportes basales progresivos que beneficien a las universidades públicas, un nuevo sistema de acceso a las universidades que asegure el acceso representativo de la realidad socioeconómica y la creación de una Superintendencia de Educación Superior que haga cumplir la ley de prohibición del lucro en toda institución, entre otros puntos.
La respuesta del Ejecutivo, tuvo lugar en La Moneda a través de un documento que, en su elaboración, reunió aportes de todos los sectores vinculados a la educación. Al término, el secretario de Estado expuso en detalle las 21 medidas entregadas a consideración de profesores y estudiantes.
“Establecemos las bases de un gran pacto por la educación”, estimó Bulnes y destacó “somos partidarios de impulsar la garantía constitucional del derecho a la educación” avalado por el Estado, “avanzar en la ‘desmunicipalización’ de la educación media, a través de un proceso gradual”, cuyo comienzo se propuso para fines de septiembre. También argumentó que se pretende establecer estrictos controles al uso de recursos fiscales, considerando que “quienes no cumplan con estándares de calidad dejarán de recibir subvención”, dijo el ministro.
También aseguró que en la reunión se comprometieron a avanzar en espacios de democratización, reconociendo oficialmente a las diferentes asambleas estudiantiles. Además, manifestó que el Gobierno procurará “que ningún alumno quede sin educación por falta de recursos”, por lo que aumentarán las becas en un 40% más de financiamientos, agregando que “vamos a constituir una comisión de expertos para evitar que las becas y créditos posean criterios excluyentes” socioeconómicamente.
No obstante, respecto a cómo se financiaría este mejoramiento, en la respuesta del Ejecutivo no se contempló una reforma tributaria.
Por su parte, al término de la reunión, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, manifestó satisfecho que “hay piedras que salen del camino”, refiriéndose a los puntos clave, aceptados por el Gobierno -‘desmunicipalización’, reforma constitucional, Estado garante de la educación-, añadiendo que “valoramos el movimiento (estudiantil), porque hemos sido capaces de poner los temas que creemos relevantes”.
“Es un paso y seguiremos trabajando para que termine por ser un planteamiento lo más cercano a nuestras peticiones”, dijo Gajardo, explicando que durante la semana se realizarán asambleas regionales, que convergerán en una gran asamblea el día miércoles, para entregar el viernes el parecer conjunto de los actores involucrados.
Coincidieron en esto los dirigentes estudiantiles, agregando en relación a la pérdida de clases –en cuya inasistencia los estudiantes becados no están recibiendo dicho financiamiento- que más allá de atrasar un año de estudio, significará para el Gobierno “costos políticos mucho más profundos”.