Por este motivo, entregaron su voto en contra de la contratación del estudio Ramírez & Pfeffer, que significará el desembolso de $ 120 millones para el municipio. Como un gasto excesivo y evitable de cancelar calificaron los concejales Roberto Sahr y Vicente Karelovic los $ 120 millones que desembolsará la Municipalidad de Punta Arenas para contratar su defensa en los juicios que está llevando en su contra el empresario de recolección de basura, Mario Mancilla, y por la demanda que se presentaría por la nueva adjudicación del contrato del mismo servicio.
En la sesión pasada del Concejo Municipal, ambos representantes comunales votaron en contra de contratar al estudio de abogados Ramírez & Pfeffer, pues estiman que la representación que podría efectuar el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre los bienes del municipio, puede ser igual de profesional y gratis. Esto, del mismo modo como el organismo ha defendido al municipio en el caso de los funcionarios municipales, quienes llegaron a tribunales para exigir el pago del incremento compensatorio y se obtuvo un resultado favorable.
El concejal Karelovic manifestó que tras el planteamiento efectuado por Sahr, afirmó que “coincidí con él que era más conveniente, porque así se podía ahorrar un monto significativo para el municipio”, aseguró.
Por su parte, Sahr aseveró que considerando que la demanda de Mancilla es en contra de seis de los ocho concejales, del edil Vladimiro Mimica Cárcamo y del municipio, y que cada uno debe contratar su representación legal con recursos personales, “la municipalidad perfectamente podría contratar los servicios del Consejo de Defensa del Estado que es el organismo destinado precisamente a resguardar los fondos públicos, tal y como lo hizo el alcalde Mimica al contratarlos para la defensa de la municipalidad, ante la demanda de trabajadores municipales”, afirmó.
Sahr estima que desembolsar 120 millones de pesos en un estudio privado, “es un verdadero derroche de dinero público, de todos los ciudadanos, que se podría ocupar en cosas más productivas y que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”, enfatizó, agregando que “siempre va a quedar la duda de si dentro de los honorarios de este estudio de abogados, no habrá también camuflado un ítem para asesoría en la defensa del alcalde y algunos concejales. ‘La mujer del césar no sólo debe serlo, si no también parecerlo’, y ante cualquier sombra de duda acerca de la probidad, es mejor demostrar transparencia, claridad y ninguna sombra de duda”, manifestó el concejal.
Además, se estaría evaluando la posibilidad de que el abogado Fred Facusse sea el representante a nivel local de la firma Ramírez & Pfeffer, puesto que las oficinas de la compañía se encuentran en Santiago.
Decreto
Una de las primeras labores en que el estudio prestará sus servicios a la Municipalidad de Punta Arenas, sería en la elaboración del decreto, a través del cual, se informarán los procedimientos a seguir para adjudicar nuevamente el contrato de la basura que a la fecha cumple Servitrans.
Paralelamente, se estaría trabajando en la demanda presentada por Mancilla, la cual ya tuvo que ser respondida tras la notificación legal que se le efectuó al municipio.
El pago de los
$ 120 millones es a todo evento, es decir, sea cual sea el resultado de las acciones interpuestas en contra de la municipalidad, y sin considerar si tribunales estima que igualmente el municipio debe cancelar por haber actuado de forma reñida a la ley. Esta compañía sería de alto prestigio en la capital, y con especialidad en temas de concesiones, tipo de procedimiento que está generando uno de los problemas más difíciles al interior de la municipalidad.
Cifras
Las cancelaciones al estudio Ramírez & Pfeffer, se efectuarán en tres cuotas: la primera de $ 60 millones al 30 de julio de 2011, la segunda de $ 40 millones al 20 de enero de 2012 y la tercera, $ 20 millones al 20 de julio de 2012.
En tanto, los números que espera revertir el municipio con la contratación de la defensa externa, es no tener que hacerse responsable de parte de los $ 714 millones exigidos por la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., y de la demanda que podría efectuar Servitrans si se le anula el contrato de retiro de la basura, o de cualquier otra empresa que no acepte que nuevamente se le adjudique el servicio a la misma firma, lo que podría significar una acción judicial por más de mil millones de pesos, en contra del municipio.