Ya ha pasado una semana desde que los ministros Rodrigo Álvarez y Laurence Golborne hicieron el esperado anuncio que, de inmediato, despertó las suspicacias a nivel local en torno a qué es lo que sucederá con la definición de la tarifa al empresariado, que a juicio de muchos, si redundara en un alza del precio al sector, también lo haría en el costo de vida para la ciudadanía.
Una ola de incertidumbre ha sembrado el anuncio gubernamental respecto de la propuesta de tarificación del gas para la Región de Magallanes, luego de que la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) local, manifestara, posterior al acto que presidieron los ministros Laurence Golborne y Rodrigo Álvarez para dar a conocer el anuncio el miércoles 27 de julio, sus reparos a la iniciativa que no incluía una definición de las condiciones para fijar la tarifa a industriales y comerciales de la zona dejando al sector en una “nebulosa” respecto de probables alzas a futuro.
El primer elemento que generó las discordancias y posteriores preocupaciones, fue la existencia de un listado de los 44 mayores consumidores de gas que sobrepasan la línea de corte para el subsidio (25 mil metros cúbicos) en al menos un mes del año (registro 2010), lo que a juicio del presidente del gremio empresarial, Alejandro Kusanovic, haría que se pudiese presentar un alza en la boleta de consumo para ese productor “si no se considera un mecanismo que nos garantice que así no va a ser y que se van a mantener las mismas condiciones en que hemos estado”.
Lo que argumenta el empresario al respecto es que no se deja claro cómo va quedar el escenario para el sector, toda vez que en 2009, todos quienes consumían más de 25 mil metros cúbicos sufrieron un alza del 48% en las tarifas del gas, viéndose afectadas instituciones como las corporaciones municipales, hospitales, regimientos, escuelas, consultorios; empresas como supermercados, panaderías, comercio de zona franca y de extensión, viendo un desmedro en su capacidad competitiva.
De hecho, el mayor temor gira en torno a este factor, ya que expertos y las mismas compañías involucradas, aseveran que el costo de vida podría verse afectado tras el “efecto rebote”, es decir, el traspaso del gasto a algún eslabón de la cadena productiva por pagar más por el gas.
Así lo manifestaron en el transcurso de esta semana empresas como Simunovic S.A (frigorífico) y Standard Wool (productor y exportador de lana) y a su vez, el sector ganadero representado en la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) y el rubro del comercio, en voz del presidente de la Cámara en la zona, Marcos Ivelic.
Por el lado de las industrias no descartaron que en la eventualidad se produciría un cambio en las condiciones de la compra de la materia primera y, por el del comercio, una incidencia del costo en el consumidor final.
Ante ello, la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM) fue clara y tajante en afirmar que “todos juntos incluyendo la CPC, no podemos aceptar que se nos cargue indirectamente el aumento en el precio que tendría la industria” porque, “se nos va a generar un encarecimiento de la vida”, dijo José Hernández, vocero del organismo.
De esta forma, se teje un difícil escenario que podría ver una suma de aprensiones a la propuesta al momento que ingrese al Parlamento, lo que para el especialista Mauricio Samsing, fue producto nada más de la falta de “visión de helicóptero” del Gobierno, que no abarcó toda la problemática del gas natural en su integridad.
Por ello, según señaló Samsing “las empresas que vendan bienes o servicios, que quedarán fuera del límite subsidiado por el Estado, pagarían el reajuste que se aplicaría al gas, por lo tanto esta alza la pagaremos todos indudablemente”, agregando que “el trato debió haber sido igualitario para todos: sólo se debe reajustar el IPC sin excepción. Este es el plus o incentivo para las empresas que operan en una zona en que “se hace patria”.
“Letra chica”
No quedó tampoco fuera de la discusión el que se reaccionara frente al proyecto con temor a la llamada “letra chica”. Este fue el sentir, por lo menos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), porque su presidente Dalivor Eterovic, manifestó que estaba casi seguro que el proyecto vendría con más de alguna sorpresa. “. Aquí se va a subsidiar el gas a la producción, al transporte y aún no está claro qué irá a ocurrir con la regulación del distribuidor de Gasco, eso no está definido, entonces hay una serie de elementos que no están claros hoy día y creemos que por sobre 25 mil metros cúbicos no debiera haber alza si lo que estamos buscando hoy día es el desarrollo de Magallanes, es favorecer la radicación”, indicó, añadiendo que “lo que queremos es que Magallanes crezca y se desarrolle y eso se tiene que hacer con todos, con el gas industrial, con los trabajadores. Hoy día no hay beneficios de las leyes de excepción para los trabajadores, no hay beneficios en el tema del gas para los industriales, por lo tanto siguen haciendo contradicciones en las políticas de Estado con respecto a esta región”.