La contratación de abogados externos para defender a la municipalidad en el proceso que fue calificado como “ilegal y arbitrario” por tribunales, asciende a $ 137 millones, y hasta el final de las causas no se conocerá el éxito de la última representación. Más caro y difícil de enfrentar de lo que cualquiera pudo haber pensado resultó la licitación del contrato para el retiro de la basura que efectuó la Municipalidad el año pasado, pero que hasta hoy no se conoce con certeza quién lo terminará.
Esto no sólo por el costo político que ha acarreado, pues la presencia de tribunales en el caso y el fallo adverso que pronunció, ha involucrado un alto desembolso de dinero en materia de defensa judicial, que la comunidad habría preferido que se haya gastado en sus necesidades.
Cuando se adjudicó el contrato a Servitrans, con todos los servicios extras que ofrecía y que hacían de su oferta una alternativa atrayente, pero excediendo las bases de licitación, se aprobó cancelarle a la firma $ 91.630.000 mensuales, no siendo la alternativa más cara entre las que concursaba (Urbana $ 108.290.000), pero tampoco la más económica dentro de las que consideraban todas las exigencias efectuadas por la municipalidad.
En aquella votación de enero de 2010, la comisión técnica evaluadora de las ofertas recibidas no emitió su informe con la antelación requerida, por lo que tampoco se conoció su postura respecto a la alternativa más conveniente entre las concursantes, sólo se analizó en sesión la propuesta de Servitrans.
De esto modo, además de que el procedimiento desarrollado por el municipio para efectuar el proceso de adjudicación fue imputado por el Tribunal de la Contratación Pública (TCP) y fue un revés, también el costo por el pago del contrato, que nunca había subido de los $ 50 millones, ahora significó un alza en el desembolso de las arcas municipales. De hecho, en 2002 se cancelaba $ 43.251.000, en 2004 $ 43.077.000, en 2006 $ 44.756.000, en 2008 $ 46.189.000, y desde el año pasado los $ 91.630.000.
Añadido a lo anterior se confirmó que se pagará $ 120 millones por la defensa del primer llamado a licitación que no se adjudicó a la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., quien demandó a la municipalidad por $ 714 millones, además de incluir al alcalde Mimica y a seis de los ocho concejales. Es estudio jurídico también asesorará si se presenta otra acción judicial en contra del municipio, en el marco de la nueva adjudicación del contrato para el retiro de la basura.
Esto se suma a los $ 17 millones que se les canceló a los abogados Zarko Luksic y Gabriel Zaliasnik, quienes defendieron al municipio en una parte del proceso que llevó adelante la empresa Recotrans, pero que no tuvo éxito pues la Corte de Apelaciones confirmó que se debía retrotraer el proceso de adjudicación, instancia que el municipio debe cumplir a la brevedad.
El concejal José Saldivia, quien junto a su colega Vicente Karelovic no están involucrados en ninguna demanda, se manifestó a favor de la contratación del estudio jurídico “porque la ley me obliga a resguardar los recursos de la municipalidad”, afirmó. No obstante, enfatizó en que “el error estuvo cuando se procedió a votar en la primera licitación de la basura, y donde se comenzó a judicializar esta situación”, agregó. “Esto ocurre cuando no se actúa con la debida responsabilidad”.
Por el bien de la comuna es de esperar que el desembolso de todos estos millones, realmente logren detener una debacle mayor, que sería perder las demandas y que la municipalidad deba cancelar más dinero a los afectados, por no haber respetado estrictamente los procedimientos de concesiones.