La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió información al Gobierno de Chile sobre el “uso desproporcionado de la fuerza” durante una protesta estudiantil el jueves pasado, indicó el organismo de la OEA. La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación “por los graves hechos de violencia” durante las protestas estudiantiles, en el que hubo “uso desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”.
La entidad dijo ayer que ha pedido información sobre los hechos al Estado chileno, en base al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Las protestas del jueves pasado en Santiago contra el Gobierno liderado por el Presidente Sebastián Piñera tenían el objetivo de exigir reformas educativas, pero no contaban con la debida autorización”.
Aún así, la CIDH denunció que, según informes, agentes de la policía “habrían golpeado a los manifestantes” y utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión para dispersarlos.
Cientos de manifestantes fueron detenidos y los enfrentamientos dejaron “casi un centenar de policías” heridos, resumió la entidad en un comunicado emitido el sábado en Washington.
“La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, consigna la nota.
En ese sentido, la CIDH sostiene que si bien el Estado puede restringir este tipo de protestas y dispersar “aquellas que se tornan violentas”, también debe adoptar medidas para garantizar el derecho a la libre expresión, asegurar la protección “y los derechos de los estudiantes secundarios y universitarios”.
El sábado, los estudiantes y profesores chilenos, que mantienen desde hace más de dos meses un conflicto en demanda de una mejor educación pública, ratificaron la convocatoria a otro paro nacional para el próximo martes, acompañadas de manifestaciones públicas, dijeron sus dirigentes.
Los grupos estudiantiles han rechazado una propuesta de 21 puntos que presentó el Gobierno de Piñera para resolver el conflicto y fijaron plazo hasta el miércoles próximo para mejorarla.
Marcha familiar
por la educación
En tanto, cerca de 12 mil personas participaron ayer en la “marcha familiar por la educación”. Los manifestantes se congregaron cerca de las 13.00 horas en el Parque Bustamante para dirigirse por las calles Curicó, Tarapacá, San Diego y Santa Isabel hasta el parque Almagro, donde se realizó un acto cultural con presentaciones de agrupaciones como Illapu y Guachupé, entre otros artistas.
Plebiscito como salida
al paro estudiantil
El presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, afirmó que la salida al conflicto estudiantil debe ser por la vía de un plebiscito vinculante, mientras se efectúan las reformas institucionales orientadas a solucionar la crisis en el sector.
“Hoy día tal cual están las cosas, con una demanda ciudadana creciendo y una impericia del gobierno para enfrentarlas, nos parece que un plebiscito es la forma adecuada, y para eso proponemos en concreto que se instale una mesa tripartita, gobierno, oposición y los actores sociales organizados que establezcan ese plebiscito”, sostuvo el timonel PS.
Además, Andrade propuso cuatro ejes a seguir en el conflicto, aparte del educacional, entre los que destacan una nueva constitución, una reforma laboral y una nueva institucionalidad que ponga el acento en la defensa de los consumidores y defensa del medioambiente. A su juicio, para sostener el esfuerzo fiscal, debiera realizarse una profunda reforma tributaria “que ponga el acento en las personas y no en las industrias”.
Por su parte, los diputados PRI, Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda, coincidieron con su par socialista proponiendo que el Presidente Piñera convoque a un plebiscito para definir la política educacional del país.
Araya, expresó que “el clima de violencia que se vivió esta semana no es el que queremos para Chile. No es posible que hayamos visto ciudades prácticamente sitiadas, como Santiago y Valparaíso. Ante eso el Ministerio del Interior debe actuar con la prudencia suficiente, porque el hecho de manifestarse es un derecho constitucional”.
Ante esto, la diputada Sepúlveda enfatizó que “somos partidarios a que se realice un plebiscito, el cual debería tener tres ejes: desmunicipalización, fin del lucro y rol del Estado. Esta es una alternativa ciudadana y efectiva que el gobierno debería tomar en cuenta”.