El día jueves 11 de agosto el presidente de la asociación nacional de funcionarios del ministerio público Roberto Lozano señalo que se encuentran en la región básicamente para tomar contacto con los asociados. Manifestarle el respaldo en una situación que afecta a todo el país y por cierto también a quienes trabajan en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir que tiene que ver con una sobrecarga de trabajo y una extensión muchas veces mas allá de lo razonable de las jornadas laborales producto de la falta de dotación que el ministerio publico tiene a nivel nacional.
Han hecho sus peticiones a distintos niveles, han presentado sus peticiones al presidente de la republica, en virtud también de una movilización nacional que se realizo en todo el país, lo han hecho presente al ministro de justicio, lo están haciendo presente con los parlamentarios y con las autoridades regionales y nacionales competentes y lamentablemente hasta la fecha no se ha visto una solución básicamente del poder ejecutivo para tramitar con prontitud un proyecto de ampliación de planta que significa resolver en definitiva las deficiencias que se están observando a nivel nacional.
Sobre los vacantes que están faltando manifestó que mas allá de lo que ellos manejan todos los estudios a nivel del banco interamericano del desarrollo como de las universidades a las que se le ha pedido su evaluación se está hablando de la falta de un 25 % al menos de dotación para cumplir con la misión que la institución encomienda el ministerio público, ese 25% de dotación faltante bordea en este minuto alrededor de mil personas; 820 funcionarios y alrededor de 160 fiscales a nivel nacional.
Finalmente se refiere a la movilización nacional de fiscales y funcionarios del ministerio publico que tendrá lugar el día 17 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y de esta ya fue informada al fiscal nacional, esta consistirá en que funcionarios y fiscales harán presente mediante una movilización en los frontis de la fiscalía y mediante la entrega de una carta a los intendentes de la preocupación por la falta de escucha en definitiva y por la premura con que se requiere esto para que la ciudadanía cuente con la protección necesaria para víctimas y testigos y también con una persecución penal que sea acorde a los requerimientos de los seres humanos que vivimos en este país.