Drástica fue la sanción que decidió tomar el establecimiento particular subvencionado, que adujo como falta muy grave, de acuerdo al reglamento de convivencia escolar vigente en el plantel, la decisión de los estudiantes de ingresar al recinto y provocar daños a la propiedad privada en conjunto con personas ajenas al colegio. Mediante un escrito dirigido al apoderado y titulado como “Comunicado Oficial, Colegio Punta Arenas” presentado a la hora de entrada a clases a cada uno de los estudiantes afectados, ayer, el establecimiento educacional particular subvencionado, determinó expulsar a cerca de 20 alumnos de primero a cuarto medio que participaron de la “toma” del recinto la madrugada del sábado recién pasado a la 1.15 hora.
La drástica sanción, según dicta el informe, se ajusta al reglamento interno de convivencia escolar del plantel que establece el comportamiento y responsabilidad de los alumnos en sus acciones y que califica, esta última, como una falta muy grave donde se procedió a la violación y usurpación del inmueble a lo cual agrega como sancionables agredir física o verbalmente a algún funcionario del colegio, fumar o ingerir alcohol en sus dependencias, decir garabatos o improperios a viva voz a personas que transiten por sus inmediaciones, incitación a huelgas o paralización de clases y cometer delitos públicos penados por la ley.
A partir de ello, la resolución fue la caducidad inmediata de la matrícula que implica que los alumnos deberán abandonar el proyecto educativo del colegio, no pudiendo volver a ser matriculado aún cuando algunos estuvieren sujetos a repitencia.
Esta decisión, que cayó como balde de agua fría para los apoderados de los estudiantes involucrados, motivó que tras la notificación en grupo concurrieran a la Secretaría de Educación (Secreduc), para solicitar una audiencia al seremi, Raúl Muñoz y en ella, pedir su mediación para la reintegración de los jóvenes a sus actividades académicas.
En el lugar, la alumna Bárbara Alarcón, vocera del movimiento en su colegio, hizo ver su molestia señalando que la mayoría de las faltas que señala el comunicado del establecimiento no ocurrió y que no se trataba de desobedecer la normativa sino que de “luchar por una educación justa para todos”.
“Por estar a favor de una demanda nacional no pueden adoptar esta medida y, por eso, estamos acá”, dijo la estudiante, quien además señaló que sí esperaban sanciones al respecto, “pero no tan radical como la que se tomó”, indicó.
Por su parte, el colegio, a través de una declaración oficial, comunicó que rechazaba categóricamente el accionar conjunto de alumnos del establecimiento y personas externas a él que resultó en “un hecho de intento vandálico con agresión física y daños a la propiedad privada”, además de señalar que “como colegio debemos garantizar la continuidad del proceso educativo y respetar lo que quiere la mayoría de nuestros alumnos y apoderados que firmaron un acta de adhesión rechazando de manera enérgica la “toma”.
Por esta razón es que anunció que seguirá las acciones legales que procedan ante este tipo de situaciones.
Reunión con seremi
Después del encuentro con los alumnos y apoderados del establecimiento que también recibieron guía del equipo jurídico de la Secreduc, el seremi de Educación Raúl Muñoz, indicó que iban a iniciar los contactos con la sostenedora del establecimiento para tratar de llegar a un acuerdo y revertir la expulsión, lo que, sin embargo, precisó iba a ser difícil de conseguir ya que “se parte de la base que hay un reglamento de convivencia escolar que hay que respetar y que nosotros mismos visamos como Ministerio de Educación”. Asimismo, informó que el ente velará porque los alumnos retomen a la brevedad los estudios vía exámenes finales o de reubicación en otros planteles.
El abogado representante de los alumnos, Héctor Urbina, en tanto, declaró que de no llegar a un acuerdo a través del seremi “vamos a analizar el tema de las acciones legales”.