El Presidente boliviano recupera popularidad en las encuestas. Paralelamente se enfrenta a manifestaciones en todo el país: vecinos de El Alto, indígenas de la Amazonía y organizaciones de Potosí intentan desestabilizar su gobierno. Son tiempos de buenas y malas noticias para Evo Morales, ya que Diario Siete reveló esta semana que la desaprobación a la gestión del Presidente de Bolivia bajó de 53 al 48% en las principales cuatro ciudades del país, en tanto que el apoyo subió de 35 a 36%. Pero, al mismo tiempo, han comenzado este lunes una serie de manifestaciones de presión a su gobierno.
A 12 kilómetros de la capital, en la ciudad de El Alto, principal bastión electoral del Mandatario, huelguistas han provocado cortes de calles, avenidas y del acceso al aeropuerto que sirve a La Paz.
Las organizaciones de vecinos de El Alto piden la ampliación del presupuesto para obras de desarrollo urbano y la autonomía financiera para el gobierno municipal. Además, exigen la nacionalización de la empresa de electricidad y el aumento del presupuesto en sanidad y educación.
Protesta indígena
Otro foco de las protestas contra el Gobierno de Evo Morales esta semana, se trata de un conflicto socioambiental.
Centenares de indígenas de la Amazonía iniciaron una marcha de 600 kilómetros hacia La Paz, para exigir a Morales que pare la construcción de una carretera que atraviesa la reserva de Tipnis, financiada por Brasil, según informaciones de Radio Francia Internacional. En el parque viven 50.000 personas, y se trata de una zona rica en flora y fauna, declarada reserva tras una marcha indígena realizada hace más de 20 años.
La “protesta es contra este gobierno insensible, caprichoso y soberbio que no quiere entender este derecho de los pueblos indígenas” a preservar su territorio, acotó Pedro Nuni, líder indígena de la Amazonía y diputado por el partido de Morales.
El gobierno del Mandatario adelantó que la ejecución de la obra vial se hará con todas las consecuencias y aseguró que cumplirá con la “consulta indígena” establecida en la ley, aunque aclaró que el diálogo no será de cumplimiento obligatorio.
Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Roberto Coraite, sostuvo este martes que la posición intransigente de los indígenas bolivianos a negociar con el Gobierno “invita a pensar que detrás de ellos habría (…) muchísimas fundaciones, ONG que están apoyando económicamente estos movimientos”.
Además de los indígenas y las asociaciones de El Alto, la organización Comcipo de Potosí llamó a una marcha en protesta por el supuesto incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que llegaron en una huelga anterior. Así exigen la instalación de un aeropuerto y un mayor impulso a la minería.