El próximo lunes el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo, propondrá al Concejo Municipal una empresa para que se haga cargo del retiro de los residuos domiciliarios, luego que lo obligara la justicia, pero dependiendo de como se efectúe el proceso, se podrían generar demandas millonarias en contra del municipio o sus autoridades. La acción que realizará el Concejo Municipal el próximo lunes donde deberá retrotraer el procedimiento de adjudicación del contrato para el retiro de la basura domiciliaria de la comuna, luego de que el Tribunal de la Contratación Pública (TCP) y la Corte de Apelaciones así lo estipularan en su fallo, es un proceso delicado y que dependiendo de cómo se desarrolle, podría generar nuevas demandas en contra del municipio, del alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo y de los propios concejales.
Las autoridades comunales tienen asumido que alguna demanda se va generar luego del resultado que se obtenga de la votación del próximo lunes, porque una de las partes se sentirá sí o sí perjudicada con la votación que se efectúe, ya que si se readjudica a Servitrans, la empresa que presentó la acción de impugnación en el TCP, Recotrans, podría calificar la votación nuevamente como ilegal porque asegura que la actual compañía está fuera de bases y, por otra parte, si se le cancela el contrato a Servitrans, ésta podrá demandar solicitando indemnización porque se le estaría caducando una contratación por la cual efectuó millonarias inversiones proyectándose a seis años, y que hasta la fecha ha cumplido un año y cuatro meses.
El concejal Vicente Karelovic fue claro en señalar que “estoy casi convencido de que el alcalde (Vladimiro) Mimica va a presentar a Servitrans para que se le adjudique nuevamente el contrato, pero yo no voy a votar a favor de algo así. Lo tengo claro”, enfatizó el concejal.
Su par, Roberto Sahr manifestó que “espero que su propuesta (del edil) esté cien por ciento de acuerdo a los fallos judiciales, que sea la que mejor satisfaga los intereses de la municipalidad y comunidad, y que tengamos el tiempo necesario para estudiarla y no se nos presione para decidir sobre la marcha, y sin digerirla como corresponde, porque de acuerdo a la ley, el concejo dispone de diez días corridos para pronunciarse sobre las propuestas del alcalde”, afirmó.
La confusión que existe en el tema, radica en la interpretación que se efectúe en una parte del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, donde se consigna que “debiendo procederse a resolver nuevamente la licitación siguiéndose estrictamente a las bases de la misma, considerando a todos los oferentes propuestos en el informe técnico”, es decir, se puede entender que las ocho empresas que participaron del concurso público en un principio están vigentes para ser adjudicadas, incluida Servitrans, aunque para la empresa Recotrans, es claro que se deben considerar todas las ofertas, pero que están dentro de las bases, donde no calzaría Servitrans.
Esto, porque en el mismo fallo de la corte, se afirma que respecto de los argumentos esgrimidos por los concejales que votaron a favor de la adjudicación a la actual compañía, que dicen relación con valorar los ofrecimientos extra que efectuó, pero que no estaban dentro de las bases; como el barrido de calles, “ha quedado demostrado que aquel ofrecimiento extraordinario que no estaba en las bases de licitación, forma parte de una licitación distinta, se ha vulnerado flagrantemente el trato igualitario a los oferentes lo que constituye una evidente infracción”.
Además, el mismo órgano judicial reconoce que Servitrans era la quinta de acuerdo al informe técnico elaborado.
Ante esto, la defensa de Recotrans enfatiza que no sería correcto que se readjudicara el contrato a la misma empresa, insistiendo en que la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que en primera instancia pronunció el TCP, que manifestó con fecha 4 de octubre de 2010, que “la entidad licitante deberá proceder a retrotraer el proceso licitatorio al estado de resolver la propuesta, considerando las ofertas presentadas, con exclusión de la correspondiente empresa Servitrans, que se encuentra fuera de las bases”, estipula el fallo.
Con estos antecedentes, se podría iniciar la nueva acción judicial en contra del municipio y sus autoridades, en el caso de que se readjudique a la actual empresa encargada del servicio.
Previendo esta situación, el Concejo Municipal contrató al estudio de abogados Ramírez & Pfeffer, quien defenderá a la Municipalidad de Punta Arenas en el caso de que se presente una nueva demanda, y también la está representando en el proceso que inició en tribunales la Sociedad Mancilla y Asencio Ltda., que está solicitando $ 714 millones por no haber sido adjudicada en el primer llamado a licitación del retiro de la basura domiciliaria, a pesar de que cumplía con las bases.