El primer día del paro nacional de 48 horas a nivel nacional convocado por la Central unitaria de Trabajadores (CUT), se inició en Punta Arenas con numerosas barricadas en diversos sectores de la ciudad. Pero con el transcurso de las horas la jornada se fue tranquilizando.
A su vez, hubo disímiles posturas de parte de los manifestantes y el Gobierno frente a la cifra de adhesión que estimaron se sumó a las actividades que continuarán hoy .
La intendencia informó que fue aproximadamente un 5% de los trabajadores que adhirió a la paralización, mientras que la misma multisindical y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) local cifraron en un 50% el total de quienes plegaron.
Según la estimación de los máximos dirigentes de la CUT y la ANEF regional, Dalivor Eterovic y Jessica Bengoa, respectivamente, la mayoría de los servicios se mantuvieron atendiendo de manera parcial a sus usuarios. Unos optaron por el método de “brazos caídos”, como fue el caso de los servicios municipales, como la Dirección de Tránsito y Tesorería y, otros, por los turnos éticos, como sucedió con la Junji y los funcionarios de la UMAG que no cerraron cajas en su departamento de contabilidad.
Los demás, según informaron, atendieron normalmente a la gente que fue a hacer sus trámites plegándose al llamado con distintas maneras de protestar como asambleas al interior de cada servicio, sindicato o asociación y cortes de tránsito que ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y a variadas horas del día. Por ello, mayores consecuencias en la ciudadanía no se registraron, excepto las barricadas en horas de la mañana y la madrugada de ayer que impidieron el paso de vehículos por las calles generando la molestia momentánea de la gente.
La excepción la puso el área escolar, que tras el llamado de la multisindical pudo verse una adhesión del 80% de los profesores y 85% de alumnos, mismo número que se espera para la jornada de hoy y en el cual coincidieron el Colegio de Profesores, la Corporación Municipal y la Secretaría de Educación, es decir, el ausentismo escolar fue mayoritariamente alto. Incluso hubo colegios particulares subvencionados, como el Liceo Salesiano San José, que se plegaron a la paralización.
Para la CUT la adhesión de los distintos estamentos educacionales era lo que justamente se buscaba con mayor fuerza atraer, porque a su juicio “este paro era evitable si no hubiesen estado en la palestra las demandas de los estudiantes”.
En ese sentido, la CUT expresó que “nuestra demanda no es contra el Gobierno de Piñera, sino contra la reforma liberal que está imponiendo, que todo lo transforma en mercado y que se traspasa a áreas tan vitales como la Salud, la Educación, las AFP, etc”.
Misma línea que interpreta Jéssica Bengoa, quien ha insistido en el transcurso del último año en empleo estable para contratas, códigos del trabajo, honorarios y plantas. “Es muy positivo que gran cantidad de funcionarios públicos se haya adherido a este llamado con distintas formas de paralizar que sentimos se sintió de manera transversal en toda la comunidad”, expresó.
El seremi del Trabajo, Víctor Haro, en tanto, calificó como irrelevante el número que se sumó a la paralización, agregando además que la medida “no contribuye en nada, porque se están destruyendo las cosas que hemos logrado en conjunto con los distintos gremios y se desconocen las materias de avance a las que hemos llegado”.
Instructivo
de la discordia
Dudas, molestias, nuevas desavenencias, e incluso la furia de muchos dirigentes con el Gobierno, generó el instructivo emanado desde la Subsecretaría de Hacienda, que llegó a las diversas direcciones de servicios y dirigido específicamente a sus jefaturas por parte de las gobernaciones provinciales y la intendencia.
Así lo denunciaron en la antesala del paro los diferentes dirigentes, que repudiaron y calificaron de “soplonaje” y “presiones indebidas” el mecanismo de la autoridad para cerciorarse de la adhesión de los trabajadores a las protestas, para aplicar consecuentemente los sumarios correspondientes y descuentos, toda vez que para el sector público no existe la legalidad en los paros.
Tan grave catalogan la situación, que la directiva de la ANEF nacional se defendió con un recurso de protección en contra del accionar del Gobierno, que califican como una manera de amedrentar a los trabajadores para no unirse el paro .
“Este es el nivel de represión”, dijo Bengoa, quien tajantemente agregó que con esto “claramente se amenaza a los funcionarios con nombre y apellido, incluso con la necesidad de sacar una imagen fotográfica y hacer firmar a los colegas como testigos de esta eventual inasistencia”.
El GORE, mediante el seremi de Gobierno, Miguel Schweitzer, quitó la gravedad a los hechos y negó que se tratara de un “espionaje” hacia los trabajadores. “Lo que existen son informes para después aplicar con consecuencia con los descuentos”, dijo el vocero.