El miércoles Juan Segundo Contreras Contreras, de 38 años, fue sentenciado a cumplir una condena de 10 años de cárcel por violación, y ayer recibió una pena de cinco años de presidio por tráfico de drogas. Inicialmente la fiscalía solicitaba 15 años de cárcel por las dos violaciones y 10 por el caso de la droga. Sobre esta persona pesaba una orden de detención pendiente, porque por mucho tiempo anduvo prófugo y recién fue capturado cuando la Policía de Investigaciones (PDI) lo descubrió tratando de ingresar drogas a Punta Arenas por un paso no habilitado.
En el caso de los delitos sexuales, Contreras fue hallado culpable de la relación sexual que mantuvo con una niña de 13 años, quien quedó embarazada y tuvo un bebé, lo que para la justicia es violación. La misma sanción recibió por violentar sexualmente a una joven, mayor de edad, dentro de un automóvil después de ofrecer llevarla a su casa. La joven, que salía de una discoteca, confió en él, se subió al vehículo con otras amigas, a quienes el conductor llevó primero porque en sus planes estaba quedarse a solas con su víctima, para violarla.
Drogas
Cinco años de cárcel recibió ayer Contreras después de ser encontrado culpable del delito de tráfico de drogas. Según los antecedentes que presentó en el juicio oral el fiscal Oliver Rammsy, la PDI lo detuvo el 21 de marzo porque manejaban información de que esta persona intentaría cruzar de Argentina a Chile por un paso no habilitado. Lo esperaron en medio de la oscuridad y cerca de la 1 de la madrugada los detectives lo avistaron, a la altura del kilómetro 134 norte, en medio de la pampa, cerca del paso fronterizo Monte Aymond. Al ser capturado quiso deshacerse de la mochila donde traía los casi dos kilos de marihuana paraguaya prensada y 204 gramos de cocaína.
El abogado defensor, Ramón Bórquez, planteó que la pena solicitada por el Ministerio Público resultaba desproporcionada, “en atención a que el acusado no era dueño de las drogas y sólo las transportaba, ya que fue contratado como burrero, y no iba a comercializarla”. Esto lo desestimaron los magistrados, Jovita Soto, Pablo Miño y Gonzalo Rojas, argumentando que quedó suficientemente acreditado en el juicio que se configuró el delito de tráfico ilícito de estupefaciente. Además porque el mismo acusado reconoció haber ingresado por un paso no habilitado desde Argentina transportando droga en una mochila. Aunque para aminorar su responsabilidad dijo que no era el dueño de la droga, que sólo aceptó transportarla por el pago de 50 gramos de cocaína para su consumo, y que no sabía de qué drogas se trataba. Esta circunstancia no aparece atendible para los jueces, “porque trafica también aquel que la transporta”.
Además de los cinco años de cárcel por este delito, el condenado debe cancelar una multa de 40 UTM ($1.540.720).
En el extracto de filiación del acusado figura una condena de 61 días de presidio por Ley de Reclutamiento y otra de cinco años de cárcel por incendio (del 18 de julio de 2002).