La Fundación Esperanza solicitó al Juzgado de Garantía dejar sin efecto la supervisión o control de ocho menores, medida que fue acogida por el juez Juan Olivares, pero con el rechazo y tenaz oposición del fiscal Oliver Rammsy, quien se mostró partidario de hacer cumplir los programas en su totalidad y no a medias. Aunque cuando el problema se suscite por falta de cupos.
En una audiencia especial, celebrada el pasado viernes, se explicó que la petición de la Fundación Esperanza era factible de concretar en virtud de que la mayoría de los jóvenes tenían cumplida una parte importante de la sanción. Así y todo el representante del Ministerio Público se opuso, argumentando que las medidas deben cumplirse a cabalidad y no medianamente, de lo contrario no tiene sentido que se invierta dinero en programas de este tipo.
El mismo juez realizó una observación sobre este hecho, haciendo ver que no es posible dejar de atender a estos jóvenes infractores de la ley.
El Servicio Nacional de Menores dispuso en la partida del sistema judicial de 55 cupos para sanciones en el medio libre, “entregándoles nuevas herramientas para su futuro”.
En el medio libre existen la libertad asistida y la libertad asistida especial, donde los adolescentes quedan a cargo de un delegado que les prepara un plan de intervención individual “con el objetivo de lograr la reinserción a través del control, de la responsabilización y de la integración social a través de educación o capacitación laboral”.
El Servicio Nacional de Menores licitó la ejecución de las medidas en el medio libre, adjudicándose la Fundación Esperanza los programas de libertad asistida y medidas reparatorias.
Cuando a mediados de junio de 2007 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, se entregaron 90 millones de pesos para financiar las medidas en el medio libre, distribuidos en 13 cupos para libertad asistidas, 19 para libertad asistida especial, 15 para medidas reparatorias y ocho cupos para medidas cautelares.