Tras conocerse los casos de falsos exonerados, la Cámara de Diputados aprobó ayer, por 70 votos a favor y cero en contra , la creación de una comisión investigadora que podría constituirse formalmente la próxima semana. El reportaje del programa Contacto, de Canal 13, mencionó a un grupo de diputados de la oposición como quienes entregaron certificados a las personas que postulaban para los beneficios estatales, para recibir compensaciones del Estado, sin haber sido realmente exonerados políticos.
Entre los mencionados, se encuentran los senadores Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier e Isabel Allende, además el diputado DC Sergio Ojeda, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Ante esto, Ojeda aseguró que le solicitó a la bancada de su partido que votara a favor, por una comisión investigadora, y señaló que es partidario de que se esclarezcan los hechos.
Diputada Rubilar solicita ministro en visita
Por su parte, la diputada Karla Rubilar (RN), en compañía del diputado Cristián Letelier (UDI) concurrieron en la mañana de ayer al Palacio de Tribunales, para solicitar un ministro en visita con dedicación exclusiva, para que indague sobre la presunta asignación indebida de compensaciones.
Posteriormente, los legisladores reiteraron que continuarán con las acciones para que se logre clarificar e identificar a los responsables.
En la ocasión, Rubilar planteó los puntos a dilucidar: “¿Qué hay detrás de parlamentarios que certifican qué personas son exoneradas? Hay sólo una falta de prolijidad, o es más bien un uso político, una especie de ‘lucro político’ con el tema de los Derechos Humanos”.
“Autoridades que hayan contribuido con sus certificados a que personas que no eran exonerados obtengan una pensión dañando la causa de los Derechos Humanos es un asunto gravísimo”, aseveró la diputada en la misma línea.
Junto con la medida presentada, ambos parlamentarios solicitarán a la comisión de Ética que se pronuncie sobre la posible vinculación de los diputados Ojeda, Jarpa, y los senadores Allende y Navarro.
Senadora Allende hizo sus descargos
La senadora Isabel Allende (PS) -aludida en el reportaje- hizo sus descargos públicos, también ayer, en Radio Cooperativa, señalando que ellos fueron engañados por “inescrupulosos que abusaron de nuestra buena fe” y aseguró que la situación les duele sobre todo porque “éste es un tema extraordinariamente sensible”.
“Yo puedo haber cometido un error si alguien se me acercó recomendado por terceros que me dijeron que conocía a esa persona, a su familia”, pero “cuando uno recibió solicitudes y entregó estos certificados lo hizo confiando en la honestidad de las personas”, expuso en la entrevista.
La parlamentaria sostuvo en su defensa que ella no es parte de una industria que hizo los certificados, ni estafas masivas y advirtió que además de ellos hubo una serie de organismos que debieron revisar las situaciones de estas personas y la veracidad de los antecedentes y no lo hicieron.
La senadora argumentó que “había un oficina especial del Ministerio del Interior, después tenía que ir (la información) a cálculo al INP (Instituto de Normalización Previsional), tenía que ser revisado por Contraloría, después lo revisaba el Ministerio del Interior de nuevo y después incluso iba a la Oficina del Subsecretario”.
Después de esta explicación, aclaró que “bajo ningún concepto un papel entregado por un parlamentario podía significar automáticamente que se iba a entregar una pensión”.
“Si hay inescrupulosos la Justicia lo verá, pero en ningún caso tiene que afectar a la totalidad los exonerados, que es una de las cosas más dramáticas que ha pasado en Chile” añadió y se manifestó en desacuerdo con la petición de voto de censura contra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Sergio Ojeda.
A su juicio hay que esperar la investigación para después tomar determinaciones. “Creo que no se debe abusar políticamente de las cosas. Aquí hubo parlamentarios de todos los lados -también del actual oficialismo- que entregaron certificados”, señaló.