Lejos de acabarse la polémica por la licitación del contrato de la basura en Punta Arenas, el viernes un nuevo dictamen del Tribunal de la Contratación Pública (TCP) volvió a agitar las aguas al interior del municipio y generó versiones encontradas frente al pronunciamiento judicial que obligaría al alcalde Vladimiro Mimica a anular la licitación a Servitrans y adjudicar nuevamente el contrato. Ayer, el abogado que representa a la empresa Recotrans en el juicio contra la entidad por este proceso, Ricardo Leal, señaló categóricamente: “Aquí hay una ilegalidad completa y le costará al municipio $ 120 millones”, agregando a ello que el camino que deberá seguir el edil en adelante se torna absolutamente “adverso”, tras haber firmado el jueves pasado el decreto que entrega nuevamente la licitación a Servitrans.
Y es que el pronunciamiento del TCP volvió a asestar en contra de la insistencia del alcalde Mimica por entregar dicho servicio a la empresa Servitrans, porque el viernes favorablemente acogió la solicitud de Recotrans sobre el cumplimiento incidental del fallo que ordenó retrotraer el proceso adjudicatorio al momento de resolver, lo que debería ser acatado por el municipio incluso con costas, es decir, sancionando con el pago total de las acciones que se ejecutaron a lo largo de la causa.
