Criticándose mutuamente el accionar en torno al contrato de concesión vigente, reaccionaron en estos últimos días los dos entes en conflicto del recinto franco, luego de conocer el dictamen del contralor general de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, que señaló expresamente las facultades que tiene la Intendencia Regional, a través de una Junta Arbitral, de supervigilar las modificaciones al reglamento interno de Zona Franca. Los primeros dardos los lanzó la empresa concesionaria, Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda., que, a través de su gerente general, Eugenio Prieto, se refirió al documento emanado del órgano fiscalizador reconociendo la facultad que reafirma su máxima autoridad y que, a su juicio, siempre ha sido conocida y ejercida por la intendencia. Sin embargo, hizo hincapié en que ciertas cláusulas les permitían de forma “exclusiva y excluyente” (art. 5º del contrato de concesión) hacer las modificaciones al reglamento interno que los usuarios reclaman ser ilegal.
Por ello, Prieto aseguró que dicha normativa “no se ha cambiado a nuestro antojo”, agregando que “si a ellos no les gusta es otra cosa porque es muy fácil confundir a la opinión pública y al mismo Gobierno Regional en relación a estos temas, pero tenemos absolutamente claro que él (el intendente) debe hacer el control de que la legalidad esté vigente”.
En este sentido es que recalcó estar cien por ciento disponibles a tratar las desavenencias existentes en la mesa tripartita, y que, además, nunca desconocieron la figura de la Junta Arbitral, sólo que, indicó, “es un tribunal que se creó con posterioridad y ni siquiera la Zofri de Iquique la ha incorporado”.
La respuesta de la Cámara Franca no tardó en llegar, porque su presidente, Tomás Buvinic, sostuvo tajantemente ayer que quien estaba cayendo en la ilegalidad era la concesionaria, con una serie de prerrogativas que modificó de manera desajustada al contrato y las propias bases de licitación, lo que la hacía vulnerar la ley.
Según detalló el dirigente, Rentas Inmobiliarias cambio la figura de la Junta Arbitral por un Comité Ejecutivo “formado por ellos mismos y totalmente parcializado”, además de fijar tarifas con discriminación a los nuevos usuarios, donde señala que se les cobra un 400% más.
De este modo, Buvinic indicó que la empresa administradora no ha hecho más que “detener el crecimiento del sector”, toda vez que según estima, “nadie más se ha atrevido a invertir en este recinto al considerar que se vulneran los marcos legales establecidos”.
De hecho, las cifras que dio a conocer muestran que en 2007 eran 171.445 metros cuadrados de terrenos arrendados con construcciones o para construir, lo que a la fecha ha disminuido a 166.620. “Se ha producido una involución en el desarrollo”, apuntó el líder del gremio.
Ante este escenario es que la Cámara se mostró satisfecha del dictamen, aseverando Buvinic que en este conflicto se deberá hacer, más que arbitrar “es implementar que se cumplan las disposiciones legales”.
Por último el dirigente salió del paso de las denuncias que hiciera Rentas en torno a ciertos privilegios que tenían como usuarios frente al congelamiento tarifario de 10 años que disfrutan los más antiguos.
“No acepto que el gerente señale que algunos ususarios tenemos privilegios, cuando se refiere a las tarifas de Parenazon que todavía están vigentes”, dijo Buvinic.