Ayer, el Tribunal de la Contratación Pública (TCP) declaró mediante un fallo que los actos realizados por la Municipalidad de Punta Arenas para adjudicar el contrato a Servitrans han sido “ilegales y arbitrarios”. Por lo que obliga al alcalde Vladimiro Mimica a anular los decretos y el contrato que celebró con la empresa el mes pasado, rechazando las diligencias efectuadas por el municipio que suponían el fin del conflicto. Cumplida esta orden, el edil deberá solicitar a la comisión técnica del municipio que evalúe las ofertas que participaron de la licitación, para que sean propuestas al Concejo Municipal.