El momento más crítico en los 1.072 días que lleva al mando del municipio de Punta Arenas afronta el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo, luego de que el viernes el Tribunal de Contratación Pública (TCP) dictaminara tajantemente en contra de todos los actos administrativos por los que se adjudicó nuevamente el contrato del servicio de recolección de residuos domiciliarios a la empresa Servitrans, declarando ilegal y arbitrario el proceso por el que la máxima autoridad comunal pretendía dar cumplimiento al fallo anterior. Ello es reflejo de que ayer, Roberto Sahr, Antonio Ríspoli y José Saldivia, tres de los concejales que se han mostrado más suspicaces con la polémica licitación, manifestaran, ante la resolución de la justicia, estar frente a una situación “grave” que “le pondrá pesada la pista al municipio” y que, en definitiva, “dejaba en un muy mal pie a la autoridad municipal”.
Sus argumentos se basan en que, después de conocer los alcances del documento judicial, se reafirma lo que debiera haber regido el actuar del jefe comunal desde que se emitió el primer fallo del TCP ratificado por la Corte de Apelaciones y que no es más que haber retrotraído el proceso al momento de la evaluación de la propuesta por parte de la Comisión, a excepción de Servitrans que no cumplía con las bases de licitación, según se dictaminó desde un principio.
“Qué más necesita el alcalde para entender que todo lo que ha hecho, lo ha hecho mal. Que ha comprometido seriamente el patrimonio municipal contratando un abogado por $ 120 millones para, en el fondo, defender a Servitrans, si lo que tendría que haber hecho desde un principio era acatar el fallo y adjudicar a quien tenía el mejor puntaje en la licitación y esto en nada perjudicaba a la municipalidad, al contrario, le ahorraba mucho dinero”, dijo Sahr, añadiendo que “esto confirma todo lo que hemos argumentado quienes nos opusimos a la readjudicacion a Servitrans”.
Por su parte, Saldivia, quien votó a favor en una primera ocasión, en contra posteriormente y con una abstención en la última votación, calificó la actual situación, como “tremendamente preocupante”, ratificando, al igual que Sahr, que “el fallo nada más nos demuestra que no se ha estado sujeto a lo que la ley ha determinado”.
De esta forma, espera que se tome una decisión a la brevedad posible respecto de cuál va a ser la vía de emergencia en torno al servicio porque “el contrato deberá ser anulado en 15 días más”, recordó.
“El alcalde fue quien le hizo ver al Concejo que bajo su responsabilidad, de los procesos que se estaban llevando a cabo, readjudicaría a Servitrans, por lo que ahora le cabe una responsabilidad tremendamente grande”, agregó el democratacristiano.
En tanto, Ríspoli, siguiendo la misma línea indicó que “siempre se le dijo al alcalde que tenía que retrotraer y no lo hizo, por lo tanto él se hacía responsable de lo que viniese, lo que esperábamos no sucediera y ahora se viene realmente pesada la pista para el municipio”.
Consultado Mimica respecto del tema, reconoció que en el peor de los casos había que hacer una nueva licitación, pero que primero se iba a recurrir a una nueva apelación. “Vamos a apelar, la ciudad no se va a quedar en ningún caso sin el servicio, de extracción de basura que aposté por Servitrans convencido que es el mejor servicio porque así lo determinó el Concejo donde hay concejales que votaron a favor y ahora están en contra, la verdad no lo entiendo”, dijo.
Abandono de deberes
Porque el tema no ha sido materia fácil, también se les consultó a los concejales si la problemática era constitutiva de un abandono de deberes por parte de la máxima autoridad edilicia.
Al respecto, Sahr respondió que “todo lo que ha pasado es mucho más que un notable abandono de deberes”, agregando que incluso podría recaer, según evalúa la empresa Recotrans, un posible delito de desacato sobre las acciones de Mimica. Por ello es que señaló que “yo espero que a la luz de los antecedentes, los diputados de nuestra región, que son los principales fiscalizadores, entren al ruedo y hagan lo que la ley les mandata”.
La misma postura adoptó Ríspoli, quien manifestó que “hubo abandono de deberes si no se hizo caso a un dictamen, pero eso deberá verse con más profundidad en un próximo Concejo”, declaró.