La Corte Suprema rechazó el recurso de protección que presentó la Municipalidad de Punta Arenas para tratar de detener el juicio de cuentas que la Contraloría está llevando adelante en contra del alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo, dos funcionarios y el ex administrador, para conseguir que se devuelvan los $ 50 millones cancelados por los buses amarillos, que aún no han sido justificados. Previamente, el municipio había recibido un pronunciamiento en contra de la Corte de Apelaciones ante esta diligencia, fallo que fue ratificado por el máximo tribunal del país, por lo que la investigación que está efectuando la Contraloría podrá seguir sin obstáculos.
Este resultado afecta en especial a los funcionarios Luis Díaz y Elena Gallardo, además del ex empleado Mauricio Torres, quienes han debido desembolsar altas sumas de dinero en su defensa, a pesar de que por orden del alcalde Mimica se liberó el pago por los vehículos, que hoy está siendo cuestionado.