
El 3 de noviembre el Concejo Municipal votó a favor de la propuesta capitalina. Debido a lo que quedó estipulado, los adjudicatarios del servicio de pago de estacionamientos se comprometían a un pago mensual de 59 millones 559 mil 500 pesos.
Todo marchaba bien, hasta que el plazo de la firma del contrato venció el pasado martes 15, fecha en que se conoció el nuevo conflicto que el municipio debería enfrentar. La empresa Ingeniería y Transportes Epark Ltda. se negó a firmar el contrato acusando un cambio de reglas, debido a que según ellos hubo poca claridad en la incorporación del IVA al contrato.
Incierto futuro laboral
“Quienes se ven más afectados como siempre son las personas más vulnerables”, afirmó la presidenta del Sindicato de GuardiAyudas, Roxana Gallardo. La dirigenta aseguró no sorprenderle que la empresa capitalina se negara a firmar el contrato. “La decisión del municipio no fue la adecuada, la licitación debió ser adjudicada a otra empresa”, agregó la representante.
La situación es difícil, el 31 de diciembre vence el contrato firmado entre la Municipalidad de Punta Arenas y la empresa dueña de la actual concesión de los estacionamientos, SEC, lo que significa que en la misma fecha más de 120 personas quedarán cesantes.
En primera instancia, el 2 de enero próximo la nueva concesión debía comenzar a trabajar, plazo que, debido a los nuevos acontecimientos probablemente se retrase. Esta tardanza no sólo significará una pérdida monetaria para la municipalidad, sino que principalmente un desmedro económico para una cifra importante de modestas familias magallánicas.
“La mayoría de los guardiaayudas son madres y padres, de esfuerzo, jefes de hogares, que gracias al sueldo que reciben mensualmente sacan adelante a sus familias”, asegura la dirigente.
A fin de mes cada uno de los empleados recibirán sus cartas de despido, escrito con el que se da por finalizado el vínculo laboral y se comienza a organizar el pago de los finiquitos para los trabajadores.
Según explica Gallardo, la empresa que ganó la licitación no se ha puesto en contacto con ellos, incluso desconocen si hay algún representante de ella en la región. “Aunque Epark firme el contrato con el municipio nuestra situación sigue siendo vulnerable, porque nadie nos asegura que todos seamos empleados, hecho que se ve aún más complicado conociendo que sólo se exige la contratación de 70 guardiayudas y nosotros casi duplicamos esa cifra”, dijo la presidenta de la asociación.
Con el comienzo del año, más de 120 familias deben afrontar grandes gastos económicos, como el comienzo de un nuevo período escolar, situación que tiene inquietos a los empleados de la actual concesionaria de los estacionamientos.
Por el momento, las energías de este grupo de trabajadores estarán puestas en la coordinación de la entrega de los últimos suedos y finiquitos de los trabajadores, pero aseguran que se mantendrán vigilantes y que si en enero no hay soluciones favorables realizarán fuertes movilizaciones.