A juicio de la directiva sindical, para Enap es perjudicial ser quien tenga a su cargo regular y dar a conocer el precio de las bencinas, ya que la ciudadanía cree que es la empresa quien sube o baja los precios. En ese aspecto, plantean que debe ser el gobierno quien se haga cargo de estos anuncios a través del Ministerio de Hacienda o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Haciendo una crítica al actual sistema, en el cual la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) debe anunciar los valores de los combustibles desde 1974, los dirigentes sindicales proponen ideas para revertir la situación en la cual la ciudadanía es finalmente la principal afectada.
Eliminar el impuesto específico, ideado en su momento con la premisa de ayudar a la reconstrucción de las principales vías del país, constituye una de las primeras medidas, considerando que es ésta una necesidad nacional donde los efectos son transversales en la economía del país e impactan fuertemente a los precios de los combustibles. Lo anterior, teniendo en vista que de estos precios dependen las tarifas de la locomoción colectiva y transporte, entre otros, estando relacionado directamente con el presupuesto familiar que no beneficia a las personas con menores ingresos y de clase media.
El presidente del sindicato, Alejandro Avendaño, recuerda que después del terremoto ocurrido en 1985, durante el gobierno militar, esto se mantuvo en el tiempo. “No cabe duda que el mentado impuesto no goza de popularidad por el efecto que produce en el bolsillo de los contribuyentes, que no se explican cómo deben aportar dineros recaudados para reparar vías, cuando las principales carreteras del país están en manos de privados. El mejor ejemplo de ello es que al sector forestal no se le aplica este impuesto, aunque usan sus propios caminos”.
Chile abandonó los precios regulados en el año 1977, dejando solamente con tarifas reguladas el agua potable y electricidad. Hoy se encarga a Enap que informe las variaciones semanales de precios, no existiendo obligación legal para ello.
Desglosando cuánto cuesta el combustible en refinería, más los impuestos, resulta lo siguiente:

Valor por litro refinado en nuestras refinerías: $ 392 por litro
Impuesto Específico (6 UTM): $ 232 por litro
Impuesto IVA: $ 74 por litro
Total Refinación + impuestos: $ 698 por litro

El resto son los márgenes de ganancias que aplican los diferentes distribuidores. Como es sabido, en Chile existe libertad de precios y cuando bajan los combustibles “nadie obliga a las distribuidoras a reducir los valores. Lo mismo ocurre cuando se demoran en actualizar los datos, donde no están afectos a ninguna sanción. Ahí sí es un buen referente cuando suben, porque ahí se aplica de inmediato”, expresan los dirigentes sindicales.

Otro de los cambios planteados es que Enap sea liberada de anunciar los precios de los combustibles. A juicio de la directiva sindical, para la empresa es perjudicial tener a su cargo regular y dar a conocer el precio de las bencinas, ya que “la ciudadanía cree que es ésta quien sube o baja los precios. En ese aspecto, planteamos que debe ser el gobierno quien se haga cargo de estos anuncios a través del Ministerio de Hacienda o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”.

Con 1.484 estaciones de servicio en el país, de las cuales 625 pertenecen a Copec representando un 42,1%, seguida de Shell y Terpel Chile, del grupo Luksic con 495 estaciones de servicio, representan un 33,3%. Concentran entre ambas el 75% de las estaciones de servicio y no solo tienen libertad de precios en los combustibles, sino que también para comprar producto refinado y no adquirir lo que produce Enap.
Respecto al Sistema de Protección al Contribuyente (Sipco), que entró en vigencia el febrero y reemplazó al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepco) la directiva sindical expresa que “no sirve, no se hace cargo cuando hay variación del dólar, por ejemplo, por lo que pedimos que a Enap no sólo se le obligue a entregar los precios todas las semanas, sino que debe entrar a distribuir en forma directa a los consumidores y sería un ente regulador de precios”.