Abogados de la empresa presentaron a tribunales un escrito que busca garantizar futuras indemnizaciones y en el cual se sostiene que existen motivos fundados de que los imputados puedan deshacerse de bienes u otros activos, frente a la amenaza de una condena penal o civil. En el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, abogados de La Polar, en representación de la empresa, presentaron un escrito solicitando medidas precautorias en contra de Pablo Alcalde, Julián Moreno, María Isabel Farah, Nicolás Ramírez y Santiago Grage.
Estos cinco ex ejecutivos serán formalizados el próximo 14 de diciembre por delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, de la Ley General de Bancos y por Lavado de Activos.
El abogado de La Polar Davor Harasic explicó que la acción judicial “busca garantizar el resultado de futuras demandas de indemnización de perjuicios en contra de los ex ejecutivos que serán formalizados, y el pago de las cuantiosas multas a las que podrían ser condenados”.
Además, sostuvo que las medidas precautorias reales permitirán proteger a las víctimas, asegurando la integridad de los patrimonios de los imputados, “cuando existen motivos fundados, como en este caso, de que puedan deshacerse de bienes u otros activos, frente a la amenaza de una condena penal o civil”.
De hecho, en el escrito se señala que los delitos imputados a estos cinco ex ejecutivos conllevan “elementos de engaño y disimulación, en donde la verdadera situación patrimonial personal o de la empresa, fue alterada o modificada en beneficio propio, no sólo traicionando al interés de sus mandantes y empleadores, sino de la comunidad en general (…) Si esta situación se acredita en definitiva, y con los antecedentes que hasta ahora se manejan en la investigación, es posible aseverar que existen –de sobra- motivos racionales para creer que los imputados procurarán también ocultar sus bienes a fin de frustrar la acción de la justicia”.
En el escrito se solicita que las medidas cautelares consideren la prohibición de gravar, enajenar y celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes individualizados en el documento, así como la retención de dineros y títulos representativos de dinero especificados en el mismo texto, por una suma no inferior a los $3.000 millones por cada uno de los imputados, más intereses y costas.