El presidente de Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), Hernán Calderón, detalló cómo se ejecutaba la colusión entre las empresas avícolas y explicó la importancia de la asociación de productores del sector (APA) en el proceso. “Se remitían habitualmente todas las cantidades de corte y productos que tenía cada empresa, coordinados con la asociación gremial, la cual emitía y repartía las cuotas de mercado. La asociación gremial era la que controlaba que se cumplieran esas cuotas”, señaló Calderón en una entrevista en Radio Cooperativa.
El representante de los consumidores agregó que la Asociación de Productores Avícolas (APA) tenía la información de cuánto era el stock congelado y la producción proyectada de venta para producir justo la cantidad necesaria.
Calderón sostuvo que las pruebas de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para poder formalizar la acusación son “contundentes” y enfatizó en que “esto es lo peor que le puede suceder a una economía de mercado”.
Acusación grave
El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Juan Antonio Peribonio, calificó de grave la acusación presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por una eventual colusión entre las tres principales empresas productoras avícolas del país y manifestó que, en estos casos, las compañías “se están metiendo en el bolsillo del consumidor”.
“Es inaceptable que las empresas se pongan de acuerdo para manipular el mercado y por eso valoramos el trabajo que está realizando la Fiscalía Nacional Económica en este caso”, dijo Peribonio.
Asimismo, indicó que “cuando las empresas se ponen de acuerdo para concentrar el mercado o manipular sus precios, se están metiendo en el bolsillo del consumidor y afectando su derecho a elegir a las empresas que les ofrezcan mejor relación precio- calidad”.
Como el requerimiento de la autoridad busca las sanciones de estas compañías, el Sernac dijo que exigirá a las empresas que informen respecto a sus sistemas de venta directa, para poder evaluar el daño efectivo a los consumidores y entregar esos antecedentes a la FNE para que los considere en el marco del proceso.
La autoridad expresó que “no hay mayor beneficio para los consumidores que exista una sana y libre competencia en el mercado y que se respeten sus derechos. Una sana y libre competencia permite que los consumidores ejerzan derechos básicos como la libre elección de los productos y servicios y tomar sus propias decisiones informadamente”.
Por último, el Sernac reiteró que estará atento a la evolución de este caso y cooperará con la autoridad a través de sus estudios o lo que solicite, en el marco de sus competencias.
Todo este revuelo se produjo luego que durante la jornada de ayer, la FNE anunciara la presentación ante el TDLC de una acusación por supuesta colusión entre las compañías Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas (APA), solicitando sanciones por más de US$ 100 millones.
Niegan acusación
La compañía Agrosuper rechazó las acusaciones de colusión efectuadas por la Fiscalía Nacional Económica y anunció que ejercerá todos los derechos que le confiere la ley para demostrar su inocencia.
A través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguro (SVS), la empresa negó “categóricamente la existencia de acuerdos anticompetitivos” y “que no ha incurrido en infracción alguna a las normas de defensa de la libre competencia”.
Tras ello, sostuvo que “el liderazgo de Agrosuper y su posición de mercado han sido alcanzados gracias al trabajo desarrollado por cinco décadas y que ha logrado mantenerse en el tiempo sobre la base del esfuerzo de sus colaboradores; la confianza depositada en la empresa y sus productos por millones de consumidores en Chile y el mundo, junto a la consistente inversión, innovación y desarrollo para la satisfacción de las necesidades del mercado”.
La firma agregó que el mercado del pollo “es abierto a la competencia mundial, con una participación creciente de las importaciones, principalmente de Argentina, Brasil y Estados Unidos”.
Finalmente, respecto a los efectos que podría tener el requerimiento de la FNE, Agrosuper indicó que éstos serán analizados con sus asesores “a la luz de los antecedentes disponibles”, evaluación que la compañía realizará aunque el Tribunal de la Libre Competencia llegase a aplicar la multa de 30.000 UTA, es decir unos US$ 27 millones.