Sólo con el apoyo de dos patrullas de Carabineros y cuatro efectivos de la unidad montada, la policía pudo retirar de tribunales a Jaime Sotomayor Sotomayor, el conductor hallado culpable de atropellar y dar muerte a dos mujeres: Claudia Castillo Campos y Melisa Silva Ruiz. Además de lesionar a otras cinco: Sofía Contreras Castillo, Jocelyn Castillo Campos, Luz Castillo Campos, Eliana Campos Novoa y María Hernández Gutiérrez, el 11 de enero pasado, cuando las víctimas participaban en una barricada durante las protestas por el alza del gas.
Ayer Sotomayor fue condenado a tres años y un día de presidio “en calidad de autor del delito de manejo en estado de ebriedad causando muertes, lesiones graves y lesiones menos graves, en grado de consumado”; al pago de una multa de 10 UTM y dos años de suspensión de la licencia de conducir.
Pero lo que más tensionó el ambiente fue que los jueces otorgaran al conductor el beneficio de la libertad vigilada. Familiares y amistades de las víctimas fatales insultaron a Sotomayor y expresaron su molestia con el fallo. Gendarmería debió desalojar rápidamente la sala, pero las manifestaciones de protesta continuaron en la calle. Un grupo de personas esperó en la puerta lateral que sacaran al acusado, pero Carabineros pidió refuerzos para asegurar la salida. Como había tanta gente con intenciones de linchar a Sotomayor, un furgón esperó en la esquina del tribunal (O’Higgins y Roca) y lo sacaron corriendo por el acceso principal. Las personas no alcanzaron a llegar y solamente pudieron constatar que la persona que esperaban ya estaba sentada en la patrulla, la que salió velozmente, y más que lanzar un par de patadas y golpear la parte posterior del vehículo policial, no pudieron hacer nada más.
La sentencia fue acordada con el voto en contra del magistrado Luis Álvarez Valdés, quien fue del parecer de condenar al conductor a cinco años de presidio, “teniendo presente la extrema gravedad de los resultados del accionar del acusado, quien comete un delito cuyo resultado fue la muerte de dos personas y las lesiones de otras”. En consecuencia, para él la pena debe ser la máxima sanción establecida en la ley, por tratarse de “una conducta que en nuestro país se encuentra entre las principales causas de muerte entre los chilenos, de los 15 a los 25 años”.