En paralelo a sus intensas gestiones con el nivel central, ni en el proceso del proyecto de tarificación del gas ni la problemática de Zona Franca le valieron el protagonismo para dejar zanjadas dichas materias. La llegada de Arturo Storaker a la “Moneda Chica” a fines de abril de este año, fue la esperanza del sector más político de derecha en la zona de dar nuevos bríos a la alicaída administración del Gobierno en Magallanes después del conflicto por el alza del gas.
De hecho el empresario y ex aspirante al distrito nº 61 en comicios pasados, se tomó más que en serio el desafío que se le interponía por delante y de plano, sus gestiones con el nivel central en términos de recursos y aceleración de proyectos comenzaron a concretarse, sin embargo, en paralelo, habían otras materias -no menos importantes-, que no alcanzaron a concluir pese a los esfuerzos de la autoridad, las que tendrán que seguir esperando en el transcurso de este 2012.
Una de ellas es el proyecto de ley de tarificación del gas que llegó a comandar en la región, justo cuando comenzaba a configurarse la salida por la que optó el Gobierno y la ciudadanía en el protocolo de acuerdo firmado para dar fin a la paralización regional: la iniciativa de ley que regule el valor del combustible de uso domiciliario.
Por ello, llegó a presidir las últimas mesas técnicas consultivas del gas, posteriormente participó del anuncio del anteproyecto de ley y después de su entrada al Congreso Nacional, que sufrió un retraso pese a la palabra empeñada de los ministros Laurence Golborne y Rodrigo Álvarez que dicha propuesta estaría tramitada antes del 30 de septiembre.
El traspié lo llevó a salir del paso respecto de que no importaban tanto “los tiempos” sino más bien el compromiso asumido de que el gas, durante ese proceso, no iba a sufrir variación alguna.
De esta forma y no obstante lo que muchos esperaban, en esta materia la nueva autoridad regional tampoco asumió un protagonismo y la decisión siguió sujeta al nivel central.
Luego vino la problemática de Zona Franca donde Storaker delegó el trabajo al seremi de Hacienda Arturo Lillo, pues buscaba que las relaciones discrepantes entre usuarios (Cámara Franca) y la administradora del recinto (Sociedad Rentas Inmobiliarias), vieran una salida diplomática - a través de una mesa tripartita-, lo que no dio frutos en la primera sesión, dando paso a zanjar las diferencias -ya dilatados los tiempos desde agosto a la fecha- en una recién conformada instancia ordenó constituirse a la llamada “Comisión de Control y Seguimiento del Contrato de Zona Franca” y que comenzará a sesionar recién a mediados de enero todas las veces que se estime necesario de allí en adelante.
Por concretar
Y por último, el que generó más polémica entre los sectores políticos y preocupación al interior de su mismo equipo de confianza, fue la ejecución presupuestaria, dado el gran atraso que evidenciaba a fines de agosto y que colocaba a Magallanes en el puesto nº 13 con un 54,5% al 31 de octubre.
Emanaron críticas como la de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) que reparaba en el atraso de obras de infraestructura, falta de proyectos en viviendas sociales y convenios de programación como se hicieran antaño con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Pese a que aún ronda cierta incertidumbre, desde el GORE asegura que en un 100% se va a ejecutar el gasto regional.
En cuanto a la conformación de su gabinete, sólo a mediados de noviembre pudo dar un sello definitivo a las designaciones con el arribo del nuevo seremi de Energía, Octavio Casas.