Hace exactamente un año los hogares magallánicos lucían banderas negras, se escuchaban fuerte los cacerolazos y miles de personas de volcaban a las calles para manifestar su repudio al anuncio que había hecho el Gobierno (diciembre de 2010), de un reajuste del 16,8% en el precio del gas para la región. La apacible vida magallánica se vio interrumpida. La comunidad se organizó frente a lo que se consideraba una medida centralista e injusta para las adversas condiciones de vida que debe afrontar quien hace patria en el sitio más extremo de Chile.
Para manifestar su descontento de una manera más formal, el movimiento definió su representatividad a través de la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM), ente que tuvo como misión presionar a las autoridades regionales para presentar al Ejecutivo la necesidad de un tratamiento preferencial en el tema del precio del recurso y así asegurar el cumplimiento de los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, hecho en noviembre de 2010 en visita a la región.
No hubo respuestas y de manera histórica Magallanes amaneció paralizada el miércoles 12 de enero. La drástica medida que se extendió por una semana y trajo consigo comercio cerrado, paro de la locomoción colectiva, barricadas, bloqueo de calles y del Muelle Prat, constantes manifestaciones en la plaza de armas, personas detenidas y el lamentable fallecimiento de dos jóvenes mujeres que participaban del movimiento.
Finalmente, se llegó a un acuerdo. Un protocolo fue firmado el martes 18 de enero, documento en que el Gobierno se comprometía con la ACM, a que el precio se incrementaría sólo en un 3% (IPC) hasta que no se aprobara el proyecto del ley que fijaría el valor del gas para la región, además de la entrega de 15 mil subsidios que ayudarían a muchas familias a enfrentar el incremento.

Confesiones
“Complicados días” fue la única frase en que coincidieron el vocero de Gobierno Miguel Schweitzer, la ex intendenta Liliana Kusanovic y el vocero de la ACM, José Hernández, personajes que pasarán a la historia regional por ser algunos de los rostros del movimiento ciudadano más relevante del país.
La difícil misión de ser la mediadora entre los intereses de los magallánicos y los planes del Gobierno estuvo a cargo de la ex intendenta Liliana Kusanovic, quien a pesar de confesar que esos primeros días de enero de 2011 fueron los más complejos que ha enfrentado, también tiene palabras de satisfacción por lo que significó el movimiento: “Sirvió para remecer el tremendo centralismo que ha existido siempre en los chilenos. Ha cambiado la perspectiva de la importancia de las regiones y sus necesidades, que son distintas a las del centro del país”, afirmó Kusanovic.
Respecto del rol que tuvo, como intendenta de la región que exigía que no se aplicara una decisión central en Magallanes, Kusanovic dijo que “el intendente representa al Gobierno, se espera que la máxima autoridad de la región defienda los intereses de esta ante las autoridades centrales, y la ciudadanía no percibió mi lucha con el nivel central para evitar el conflicto”.
Por su parte el vocero de la ACM, José Hernández atribuyó la masividad del movimiento a la intransigencia que mostró el Gobierno en querer imponer antojadizamente un alza en el precio de un recurso tan relevante como es el gas para Magallanes. Asimismo, aseguró que esto aún no termina: “El conflicto sigue latente, recordemos que el Ejecutivo aún no aprueba el proyecto de tarificación, por lo tanto el movimiento sigue vivo y alerta de lo que pasará”.
Por su parte, Schweitzer realizó un análisis de los puntos que en su parecer falló el Gobierno a nivel central, pero también apuntó a las falencias del actuar regional: “No lo negaré, se cometieron muchos errores, pero una de las principales faltas del Gobierno Regional fue no transmitir con la suficiente fuerza al Ejecutivo que el alza del 16,8% del precio del gas no se debía aplicar”, declaró el secretario ministerial.