“Corrupta, mediocre y malintencionada”. Así se ha referido en numerosas oportunidades el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a la prensa de su país, con la que mantiene un largo enfrentamiento de ácidas declaraciones. En su más reciente arremetida contra los medios de comunicación, Correa vetó el Código de la Democracia, que es la ley que había sido aprobada por la Asamblea Nacional para regular los futuros procesos eleccionarios. Incluyó también un artículo que señala que durante la campaña electoral “los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o posturas política”.
El Código de la Democracia ya enmendado por el Mandatario fue devuelto a la Asamblea Nacional para la votación el pasado martes, donde la gran parte de los asambleístas del oficialismo -bancada con mayoría- aprobó bajo la presión del gobierno la normativa, que se convirtió en ley.

Difícil cobertura
La movida ocurre a un año de los próximos comicios de enero de 2013, en los que Correa podría buscar la reelección, y se adelanta a la sanción de la nueva Ley de Comunicaciones que aún se debate en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, con la enmienda al Código de la Democracia, se busca evitar que la prensa haga “campaña política disfrazada de información”. El Consejo Nacional Electoral será la entidad que definirá lo que los medios podrán o no informar, y qué puede ser considerado un reportaje o artículo que favorezca o no a un programa electoral.
Darwin Massuh, editor general del diario El Comercio de Quito, indicó que con el veto presidencial será imposible para los medios de comunicación ecuatorianos efectuar una cobertura electoral que toque los grandes temas de interés ciudadano.
“La prensa no va a tener posibilidades de informar, porque todo puede ser entendido como un intento de favorecer a uno u otro candidato. Estaremos sometidos a un silencio informativo. El trasfondo es que el Ejecutivo quiere implementar una mordaza a la prensa”, sostiene Massuh.
Jaime Mantilla, director del diario Hoy y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), añade que el Ejecutivo ya controla a la mayoría de los medios de comunicación ecuatorianos mediante una proliferación gigantesca de publicidad oficialista, la cual se niega a los medios opositores. Por lo tanto, pronostica que habrá una “campaña disfrazada” por parte del gobierno, burlando la misma ley, a fin de obtener réditos políticos. “Los medios del Estado enfatizarán en la cobertura de, por ejemplo, la inauguración de un aeropuerto o de una carretera, que serán claramente propaganda para el gobierno”, señala.
Para que las restricciones informativas entren en vigencia en la campaña electoral de este año, el Consejo Nacional Electoral deberá realizar una readecuación del calendario de comicios, esto, porque la Constitución prohibe realizar reformas electorales durante los 12 meses anteriores a la celebración de las elecciones y la norma que limita la información electoral sólo entraría en vigencia el próximo 4 de febrero.
Tanto este nuevo artículo, como la nueva Ley de Comunicaciones ha despertado mucha polémica en el país y es incluso rechazada por asambleístas de la izquierdista Alianza PAIS, el partido de Correa, por encontrarla muy restrictiva.
La nueva Ley de Comunicación que está en la Asamblea incluye dentro de sus potestades aplicar sanciones administrativas contra periodistas y medios, que van desde amonestaciones escritas hasta el retiro definitivo de la licencia de funcionamiento, y sanciones económicas.
Algunos medios de comunicación temen que el gobierno trate de burlar la nueva ley, enfatizando la cobertura, por ejemplo, de las inauguraciones de distintas obras públicas.