La reclamación judicial contra el proyecto Mina Invierno, la dieron a conocer ayer en detalle sus miembros a sólo dos días de que arriben a la región cinco parlamentarios de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, quienes fueron invitados por ellos a conocer a fondo la iniciativa que están llevando a cabo en la zona. Agotando todas las opciones para demostrar que el estudio de impacto ambiental del proyecto carbonífero Mina Invierno de Minera Isla Riesco no fue elaborado bajo los parámetros legales, las agrupaciones ambientalistas Alerta Isla Riesco y Frente de Defensa Ecológico Austral (FDEA), recurrieron a la justicia civil para presentar una reclamación en contra de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, el Comité Especial de Ministros de Estado y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena con la finalidad de pedir dejar sin efecto las resoluciones tomadas por dichas autoridades en torno al proyecto.
El resumen del documento que contiene 87 páginas detalla las principales aprensiones de quienes encabezan este movimiento detractor, las que fueron dadas a conocer, mediante conferencia de prensa, por el abogado Óscar Gibbons, quien manifestó enfáticamente que incluso la minera justificó algunas de estas apreciaciones en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del puerto; a su juicio, “por el afán de la empresa de explotar a ciegas el sector”, lo que la habría hecho incurrir en muchos errores.
Los dos más importantes fundamentos para ambas agrupaciones sería, en primer lugar, la improcedencia del EIA del proyecto, por cuanto éste se fragmentó en etapas distintas, cuestión que, según afirman, no se aviene ni con el espíritu ni con la letra de la Ley 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente.
Al respecto, Gibbons explicó que primero se tramitó el estudio para el puerto y después para la mina, es decir, el plan fue estudiado por separado, “con lo que se esconden los efectos sinérgicos del proyecto”, añadió, argumentando que de acuerdo a la ley ambiental y en especial de la prohibición establecida en su artículo 11 bis, debió presentarse un solo EIA que abarcara todo el proceso productivo.
En segundo lugar, hizo hincapié en las graves fallas en la descripción de la línea de base que tendría el estudio que es la que hace el titular del proyecto sobre el lugar antes de la explotación para poder saber cómo se va a ver afectado éste.
“Esta descripción se hizo de manera superficial y sólo en el área de afectación directa de la mina, lo cual limita enormemente su confiabilidad”, precisó el abogado, asegurando que por esta falencia, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debió haber rechazado Mina Invierno por no poseer una visión integral del lugar de explotación.
A ello le siguen el no haberse realizado estudios por impactos provocados por el carboncillo sobre los recursos suelo, aire y agua, además de los que se podrían producir en la atmósfera, la fauna, la flora, la salud de las personas y su calidad de vida. Pero más aún, señalan errores en la medición de vientos, en el modelo de dispersión y la imposibilidad de cumplir medidas de mitigación para rajos y cerros de estéril, entre otras.
“Esperamos que el juez después de la tramitación, acoja nuestros planteamientos, porque aunque no tenga efecto suspensivo sobre el proyecto puede obligar a hacer un nuevo EIA a la minera, que incluya el proceso productivo en su globalidad”, sostuvo Gibbons.