Arturo Storaker fue enfático en señalar que en su gestión “sí se estaba haciendo la pega”, por lo que si la Cámara Franca no estaba conforme, podría enviar sus consultas a la Junta Arbitral quien tiene la potestad de dirimir los conflictos que se produzcan entre ambas partes. Con el afán de clarificar algunos puntos en torno a la polémica que generó el dictamen de Contraloría, sobre el incumplimiento del rol fiscalizador de la Intendencia Regional de Magallanes respecto del contrato de concesión de Zona Franca, ayer el intendente Arturo Storaker señaló que acudió nuevamente al órgano de control, pero esta vez, para conocer de sus facultades en la llamada Junta Arbitral, que procede frente a la existencia de discrepancias entre usuarios y administradora, si el problema no se llegara a solucionar por la vía de seguimiento que está realizando la comisión que conformó para velar por el cumplimiento del contrato en diciembre pasado.
Esto porque Storaker asegura estar siguiendo paso a paso lo indicado por Contraloría, incluso en este último fallo, donde aclara que “se está haciendo la pega” y lo que se pide es revisar retroactivamente las responsabilidades en torno a las faltas de control que se cometieron por parte de funcionarios de Gobierno Interior de esos años en torno al proceso de fiscalización.
“Tengo absolutamente claras las facultades que tengo, que es revisar el cumplimiento del contrato”, afirmó la máxima autoridad regional, aseverando que el procedimiento de control está en funcionamiento y que no ha tenido problemas en corregir los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa concesionaria, como por ejemplo que desistiera de imponer nuevos horarios, lo que a su juicio tampoco ha sido un tema fácil porque según manifestó: “Hubo que poner orden, que se da de hoy en adelante porque yo diría que en la época de Jaime Jelincic (ex intendente) sí funcionó, pero después se perdió la fuerza y no se siguieron aplicando estas facultades que establece el contrato y fue un error, por eso yo decidí que era mejor volver a transparentar materias contractuales”.
Es así que el jefe regional ahora busca conocer cuánta facultad tiene para poder dirimir eventualmente las desavenencias entre usuarios y administradora toda vez que lo primero que le asiste, según insistió, es instruir el sumario administrativo, que el contrato se cumpla, para lo cual trabaja la Comisión de Control y Seguimiento conformada, “y si hay una controversia frontal de usuarios con Zona Franca, también se debiera consultar a la Junta Arbitral, fallo que podría ser objetado, porque también hay antecedentes jurídicos para hacerlo, pero eso está en antecedentes en Contraloría y yo creo que lo van a aclarar, o sea digamos que de aquí a semanas más, semanas menos va a estar este tema totalmente caminando”, enfatizó.
A lo que se refiere Storaker es que la instalación de una “Junta Arbitral”, podría fracasar en su resolución si no se tienen claros los alcances de una modificación de la disposición en la Constitución de 1980, lo que prefiere conocer de antemano. Ésta está integrada por el intendente regional, el director de Aduanas, un representante de los usuarios y un representante de la concesionaria.
“Ahí tiene que haber un pronunciamiento más preciso de Contraloría, pero son tecnicismos, para operar sobre seguro, porque yo podría dar un fallo y me lo objetan. Entonces un árbitro que no va a cortar el queque, mejor no hacerlo, sería solamente seguimiento de contrato. Si eso fuera así, y yo no dirimiera el tema entre usuarios y las partes, bueno ya es un tema de tribunales”, reiteró el intendente.
Cámara Franca
El gremio de los usuarios del recinto, en tanto, en voz de su vicepresidente Jorge Guic, sostuvo que iba a seguir esperando el cúmplase del dictamen de Contraloría, porque a su juicio no hay nada concreto que corrobore que se están arreglando los reparos que presentaron al ente y que éste ratificó. “Aquí se quiere sacar el cuesco a la breva y eso nos molesta”, expresó Guic, añadiendo que va a evaluar enviar un escrito al intendente con los puntos que dicen la administradora no ha estado cumpliendo para que tome parte del asunto.
Consultado si el tema pudo haber pasado a tribunales, respondió que no era una alternativa viable por los años que demoraría en salir una resolución, ya que como gremio buscan certezas al corto plazo, ojalá antes de 2017, que es cuando el Reglamento Interno de Operación pondría nuevos contratos y tarifas a los usuarios.