Se trata de varias demandas de indemnización por la falta de servicio. Una nueva etapa dentro del caso por las muertes ocurridas por el tsunami del 27 de febrero se abrió tras la solicitud de formalización presentada el viernes, por la fiscal Solange Huerta. Entre las autoridades que enfrentarán cargos están el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández y el ex director del Shoa, Mariano Rojas.
Se trata de una serie de demandas civiles contra el Estado por indemnización de perjuicios que están planificando cerca de 50 familias de de las 181 víctimas. Si bien esta idea estaba siendo estudiada, la imputación de cargos que enfrentarán ochos personas por el ilícito de cuasidelito de homicidio, aceleró la preparación de las acciones civiles.
Así lo confirmó la abogada de cinco familias afectadas de la zona de Dichato y Tirúa, Cynthia Tapia, al manifestar que la decisión de solicitar una indemnización ya está tomada por sus representados. "Después de las formalizaciones (los familiares) están al tanto de que habrá demandas contra el Fisco. La etapa oportuna es que se haya realizado la audiencia y avance un poco más el proceso penal. Seis meses es lo que creo que va a llevar este proceso".
Agregó que "se acreditó que hubo incumplimiento, falta de servicio en algunos organismos y se está en condiciones de demandar. Lo que pasa es que este caso es tan grande que todos queremos tener la mayor cantidad de antecedentes antes de presentarlas".
En la misma línea, el abogado Raúl Meza, que representa a 20 familias, indicó que la decisión de demandar al Fisco ya está tomada. "El daño moral que han vivido las víctimas debe ser indemnizado por el Estado. En mi caso particular, esperaré las acusaciones y ejerceré las acciones civiles", manifestó.
Agregó que "queda claro que funcionarios del Shoa, de la Onemi e incluso una autoridad política, como el ex subsecretario Rosende, incurrieron en actos negligentes que incurrieron en daños".
Junto con esto, Meza indicó que espera que el Fisco no se enfrasque en un largo juicio civil y que se utilice la fórmula de las mediaciones con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), al igual que sucedió con el caso Antuco. "No se puede exponer a 181 familias a un litigio civil que dure 7 años. No se puede generar nuevamente un daño", indicó.
Al respecto, el abogado Alfredo Morgado, que representa a 25 familias, indicó que se reunirá con cada uno de sus defendidos para decidir si presentan o no las demandas. "Ahora, en mérito de la formalización, tendremos que resolver si demandan al Estado por falta de servicio. Esto está relacionado con que acá hubo falencias humanas, la falta de preparación de funcionarios que pudieran adoptar las decisiones ", dijo.
Morgado señaló que "el tema indemnizatorio es paralelo al proceso penal. La justicia tiene que ser en todos los escenarios".