La legislación que comenzó a regir a partir del 31 de enero trajo consigo la desaparición de las juntas inscriptoras, recintos en los cuales desempeñan laborales alrededor de una treintena de magallánicos, quienes quedarán cesantes después del 30 de junio. Mientras unos están preocupados en cómo se implementará la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario para las próximas elecciones municipales, una treintena de personas se encuentran inquietas porque la reciente legislación para ellos significa quedar sin trabajo en los próximos meses. Esto, debido a que las Juntas Inscriptoras desaparecerán a partir del 30 de junio como ente del Servicio Electoral.
Desde el 31 de enero del presente año todos los chilenos mayores de 17 años quedan automáticamente ingresados a los registros electorales y pueden hacer o no uso del derecho a votar, por lo que contar con un recinto que se encargue de inscribir en los padrones a las personas o justificar en época eleccionaria el no sufragio ya no tienen ninguna utilidad para el servicio. La ley cambió y con ello la vida de cientos de personas que a nivel nacional se desempeñan en las oficinas de las tradicionales Juntas Inscriptoras, quienes cumplen con un horario de trabajo extenso y son remunerados con rentas inferiores al sueldo mínimo, además no cuentan con imposiciones ni mucho menos con previsión de Salud.
Durante más de 25 años, la ley 18.556, Constitucional Sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, estipula que quienes desempeñen labores reciben una “dieta”, la que actualmente llega a los $ 170 mil, la que es entregada mensualmente y deja en total desprotección laboral a las personas, ya que al no ser considerado como un sueldo no es imponible ni mucho menos considera prestaciones de salud.
En la ciudad de Punta Arenas, trabajan tres personas en la Junta Inscriptora, dos mujeres y un hombre, quienes atienden de lunes a viernes en la mañana, de 9:00 hasta las 13.00 y en la tarde de 15:00 a 19:00 horas, recinto que también abre sus puertas los sábados de 10:00 a 14:00 horas, jornadas que les impiden desarrollar otro tipo de actividades.
Junta Punta Arenas
Un claro ejemplo de la compleja situación que viven los que prestan servicios en las juntas, es la historia de Eloie Calisto de 86 años de edad, de los cuales 24 ha dedicado a desempeñar labores en la oficina dependiente del Servicio Electoral ubicada en calle José Menéndez 1055. Este jubilado público confiesa sentirse pasado a llevar por la situación, pero que también asegura estar muy cansado como para luchar en intentar hacer algo: “la única tranquilidad que tengo es no tener deudas y mi casa propia. Será difícil vivir con el sueldo que recibo de mi retiro”, comentó Calisto.
Eloie refleja la incertidumbre y el menoscabo económico que significa una modificación en la legislación que agrava aún más la situación de desprotección laboral que tenía este grupo de personas que trabajan en las 12 Juntas Inscriptoras de las distintas comunas de la región.
Por su parte, la directora regional del Servel, María Teresa Kuzmanic, explicó que las condiciones de labor de los miembros de la junta están normadas por ley, de la misma forma que lo está su vínculo salarial con el servicio ya que “normalmente son personas jubiladas, dueñas de casas, mujeres y hombres que están cesantes, quienes deciden trabajar en la institución para percibir algún dinero, que es inferior al sueldo mínimo y que no tiene imposiciones ni beneficios, tal como lo establece la legislación”.
Según explica Kuzmanic las Juntas Inscriptoras tendrían que haber desaparecido junto con la promulgación de la normativa nueva, es decir el 31 de enero, pero el director nacional de Servel decidió extender el plazo de funcionamiento de los recintos hasta fines de junio, con el objetivo de atender al público para recibir los cambios de domicilios.
Respecto a la posibilidad de ofrecerles otras opciones laborales a aquellas personas que prestan servicios en los recintos que pronto cerrarán sus puertas, la directora afirmó que los recursos para financiamientos de personal es muy limitada, “en el Servel tenemos una planta de cinco personas incluida yo”, puntualizó. “Ellos tienen una gran disposición al trabajo, son personas de esfuerzo y que han desempeñado muy bien su rol en las juntas”, puntualizó.
Asimismo, Kuzmanic asegura que cuando los recintos dejen de funcionar la institución entregará un certificado de valores a cada uno de los que cumplieron tareas en las dependencias. “Son personas súper cumplidoras, a pesar del poco dinero que reciben, son responsables y tienen gran disposición. El servicio está muy agradecido de ellos, pero así es la ley y nada podemos hacer”, afirmó la jefa regional del Servel.