El día 11 de marzo recién pasado, un aluvión y desborde del Rio de las Minas, ocasionó un enorme desastre material en la ciudad de Punta Arenas: desastre material, de infraestructura, económico, humano, familiar y psicológico para la tercera parte de la ciudad capital regional. Cientos de viviendas, edificios, colegios, liceos, universidades, instalaciones públicas, calles, veredas, espacios verdes y avenidas, fueron golpeados por cientos de miles de toneladas de barro, agua y escombros, que inundaron viviendas, colapsaron sistemas de alcantarillado y desagues, bloquearon vías públicas y desvastaron la vida de numerosas familias de puntarenenses.
En consideración a la gravedad de lo ocurrido con el aluvión del Río de las Minas y en donde se ha producido un considerable y cuantioso perjuicio económico y psicológico en las familias afectadas, y habiendo pasado 19 días y aún no se tiene una claridad en la forma de proceder por parte de las autoridades y de acuerdo a esta situación, consideramos, reclamamos, emplazamos a las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales y exigimos como ASAMBLEA CIUDADANA DE MAGALLANES que el Estado y los organismos públicos competentes tienen que indemnizar con prontitud en valores reales a todas las familias los daños causados por esta tragedia, sin perjuicio de todas las acciones de reparación y mitigación que corresponde ejecutar.
No queremos creer que las autoridades intentan minimizar la gravedad de los acontecimientos ni que se intenta tender un manto de olvido. Nadie ha hablado en serio hasta hoy sobre las responsabilidades causantes de este desastre.
No es posible que se esté derivando a albergues a las personas afectadas y no se este dando una respuesta inmediata con la cual se resuelva el problema. En estos casos debe primar el sentido de urgencia y seriedad en las decisiones, disponer de los medios económicos y humanos para entregar reparadas con el máximo de eficiencia y rapidez las viviendas y el entorno, así mismo responder por todas las pérdidas ocasionadas a sus dueños y arrendatarios.
Respaldamos a las organizaciones que se han dado los pobladores y vecinos afectados, porque esa organización tiene la legitimidad de la necesidad y de la urgencia con la que ellos viven.
Al momento de conocerse los daños provocados por el desborde y aluvión del río y al decretarse el estado de catástrofe –con todas las demoras administrativas y burocráticas que conocimos- esto implica mayor agilidad en los procedimientos. Por estas razones no se entiende porqué las autoridades están a la espera de Demandas judiciales para responder a quienes han sufrido las consecuencias de no haberse tomado los resguardos antes de que ocurriera este desastre.
Hacemos un llamado a las Autoridades para que resuelvan con prontitud las necesidades de toda la gente siniestrada y no continuar dilatando las decisiones que ayudarán a resolverlas.