
En una declaración pública, que firman Samuel Gallardo y Juan Ojeda Miranda (en la foto), aclaran que “en ningún momento se ha condicionado la autorización requerida por Enap al pago de una suma de dinero”.
Dicen que conscientes de la importancia que para el municipio de San Gregorio, y los habitantes de la villa O’Higgins, “reviste la provisión segura de este fundamental combustible, la cooperativa autorizó por escrito el inicio y desarrollo de las labores que Enap, y su contratista Gasco, proyectan ejecutar, en los términos en que normalmente dichos permisos se otorgan, siendo –para nuestra profunda sorpresa- rechazada por su gerente de Exploración y Producción”.
Enap exigiría adicionalmente para el inicio de las labores de construcción del gasoducto, una expresa renuncia a cualquier indemnización derivada de la constitución de servidumbres a que dicho gasoducto debe dar lugar.
Junto con negar el pago a Enap de una suma de dinero, los socios de la cooperativa rechazan que la petrolera esté justificando la no construcción del gasoducto, “en nuestra no renuncia a lo que legítimamente y en derecho nos corresponde”.
Critican lo que califican de “abierta y pública intervención del Gobierno Regional a favor de los intereses de Enap y en lo que debiese ser una negociación entre particulares, aparece todo el peso del Estado en contra de una modesta cooperativa de campesinos, situación que nos parece vulnera el estado de derecho”.