De acuerdo al Índice de Libertad Económica 2012 dado a conocer ayer por el Centro para la Economía y el Comercio Internacional de “The Heritage Foundation”, Chile se ubicó en el puesto siete. Con una puntuación de 78,3, el séptimo lugar lo logró de un total de 179 países y es el número uno en toda América, por sobre Estados Unidos.
“El índice venía mostrando un retroceso con el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Esto se refleja en que por primera vez en 15 años Chile había crecido en promedio, menos de lo que creció la economía mundial. Por eso en el extranjero se hablaba que Chile se quedó dormido y el índice de Libertad Económica demostraba eso. Esta situación es la que estamos cambiando y hoy día en el ranking del mundo somos top ten”, aseguró el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet, presente en la muestra del ranking.
El puntaje general arroja mejoras en casi un punto en protección de los derechos de propiedad, más vigilancia contra la corrupción gubernamental, y una mayor libertad monetaria, aunque hay espacio para mejoras adicionales en los negocios y la libertad de trabajo.
Libertad de trabajo
puede mejorar
Sobre las cuentas de 2012 en el área reguladora de la eficacia, son las mejores en la libertad monetaria (séptimo dentro de 179 países), “pero las cuentas en el negocio (79) y la libertad de trabajo (47) indica algunas áreas para la mejora. El marco regulador total facilita crecimiento emprendedor de la actividad y de productividad”, sostiene el estudio.
En lo que a inversiones extranjeras y doméstica, se refiere, el indicador asegura que éstas “reciben generalmente la igualdad de tratamiento. Los extranjeros pueden invertir en la mayoría de los sectores de la economía, aunque la inversión en los medios y en compañías de la pesca requiera el tratamiento recíproco. La regulación tiende a ser transparente y eficiente”.
Respecto a la libertad de negocios, el informe indica que “el tiempo para comenzar un negocio se ha reducido a siete días a partir del 22, con solamente siete procedimientos requeridos”. No obstante, indica que “los procedimientos de la bancarrota son relativamente incómodos y costosos”.
Sobre el sector laboral, el estudio asegura que “los aumentos salariales mínimos han excedido el crecimiento de productividad total estos últimos años, pero las leyes laborales facilitan generalmente procedimientos eficientes del alquiler y del despido”.
En materias como corrupción, el informe arroja que ésta “se percibe como mínima. La administración pública local generalmente se considera honesta”.