Ayer el subcontratista no sólo repudió que – a su juicio – hayan jugado con su imagen, sino que acusó a la empresa Rayén y al Gobierno Regional, de haberlo estafado, sosteniendo que el pasado 12 de marzo fue contactado por el funcionario de la Intendencia Javier Gómez, quien le solicitó conseguir a 34 trabajadores y suministrarlos de equipamiento para desarrollar las labores de limpieza de la ciudad, oferta que aceptó, solicitándole un contrato de prestación de servicios, el cual se le negó señalándosele que sólo envíe las facturas y que no iba a tener inconvenientes con el pago porque estaba tratando con el Gobierno.
Fue así como ocurrió el conflicto mencionado primeramente y se retiró del proceso de limpieza, estando a la espera de obtener los cerca de $ 50 millones que cobró por el trabajo realizado y por la ropa y el equipamiento de trabajo de las 100 personas que estaban a su cargo hasta el 31 de marzo.