Hasta la Contraloría llegaron al mediodía de ayer la diputada Carolina Goic y el presidente regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, con el objetivo de transparentar las irregularidades que a su juicio se produjeron en la contratación del servicio de limpieza tras el aluvión, correspondiente a la empresa Rayén. Sostuvieron que esta sociedad mantiene un contrato con la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), por más de
$ 1.000 millones, mientras que existen facturas de $ 154 millones por cinco días de trabajo y otras de $ 53 millones por 12 días para la contratación de 100 personas. Lo que más llama la atención de la parlamentaria y del ingeniero, ex seremi de Obras Públicas, es que la empresa Rayén no está inscrita en los registros de contratistas ni del MOP ni del Serviu, realizándose la contratación de manera directa y sin ni siquiera haberse recibido cotizaciones de otras compañías, precisaron.
Otra de las preocupaciones de los falangistas, es que según la empresa se está trabajando en la limpieza de las calles con 28 maquinarias especializadas, las cuales según sus apreciaciones no están en terreno.
El objetivo de la presentación es que Contraloría desarrolle una investigación exhaustiva de los contratos y transparente el proceso liderado por el Gobierno Regional, no sirviendo de excusa que el servicio se contrató en periodo de emergencia, destacaron.
Estas críticas tuvieron respuesta inmediata de la propietaria de la empresa Rayén, Patricia Leiva, quien señaló: “Me llama la atención que la diputada no ha averiguado bien como es el asunto y que solamente ataque a mi empresa”, destacando que con sus palabras está perjudicando a la microempresa de Magallanes, debido a que una serie de mypes se asociaron para la emergencia y están trabajando en conjunto para la sociedad.
“Para mí esto es una intervención política y eso está perjudicando a mi empresa”, enfatizó.
Quien de igual manera se refirió desde Santiago a este suceso, fue el intendente Arturo Storaker, manifestando que la presentación en Contraloría la toma como una redundancia, debido a que siempre el ente contralor fiscaliza todos los contratos de emergencia, sin necesidad de que se solicite.
Dejó en claro además que todos los contratos son acordados en conjunto por la Onemi, el MOP y el Serviu, y finamente son aprobados por el COE.
Además, denunció el intendente que en este caso ve claramente reflejada la discriminación, cuestionándose “por qué sólo a Rayén y no a las demás empresas como Salfa y Vilicic”.