Galia Díaz era funcionaria de la entidad y antes de viajar a la isla había denunciado acoso laboral. A casi un año de que la funcionaria del Consejo de la Cultura y las Artes, Galia Díaz, denunció que era víctima de acoso laboral, la investigación sumaria llegó a su fin. Ella es una de las 21 víctimas de la tragedia aérea ocurrida en el archipiélago de Juan Fernández el 2 de septiembre.
En el vuelo del avión Casa 212, Díaz viajaba junto a otra funcionaria del Consejo de la Cultura, Romina Irarrázabal.
Así lo confirmó ayer el ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, quien señaló que el sumario administrativo estará, a más tardar, mañana en el departamento jurídico de esa secretaría.
El resultado final -y las eventuales sanciones- estaría en un plazo no mayor a 30 días. “Todavía tengo que recibir el sumario. Se está terminando la investigación, hay que verlo con los abogados de la división jurídica y luego aplicar las sanciones”, indicó el ministro.
Según trascendió, en el resultado se habrían levantado cargos a tres funcionarios en puestos de jefatura del Consejo de la Cultura. El padre de la víctima, Héctor Díaz, denunció el año pasado que a raíz del posible acto que sufrió su hija tuvo que ser trasladada desde la sede central en Valparaíso al Consejo Regional de esa ciudad.
“Ellos pueden arriesgar las sanciones administrativas que van desde la absolución, simple amonestación, multa y hasta la destitución”, dijo Cruz-Coke.
Contraloría
El año pasado se presentó un requerimiento ante la Contraloría a raíz de que Díaz no debería haber viajado a Juan Fernández a causa de que tenía fuero maternal.
Según el dictamen del organismo, la distancia desde el continente a la isla era superior a lo que establecía la ley de que no podía desplazarse a más de 200 kilómetros de su lugar de residencia, dado que tenía que cumplir con el derecho de alimentación que le permitía disponer de una hora para alimentar a su hijo recién nacido. La Contraloría finalmente ordenó en diciembre de 2011 al Consejo de la Cultura indagar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios que ordenaron que viajara.
Al respecto, el abogado de la familia de la víctima, Cristián Arias, manifestó que el resultado del sumario “es una de las cosas pendientes del Consejo y el ministro Cruz-Coke con la familia de Galia”. Agregó que aún están dolidos, puesto que el ministro “no cumplió un compromiso de rectificar” un comunicado de prensa en que se señaló que ella estaba consciente de que al viajar se incumplían las normas laborales”.