
En sus declaraciones, el jefe regional recalcó, como intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y además presidente del COE, organismo colegiado que operó para coordinar las acciones de todos los actores en torno a la catástrofe, que “el momento del enojo no da derecho a basurear a las personas”, reforzando con ello que hay una investigación de Contraloría en curso de la cual se va a tener respuesta y en de la que también confía en virtud del trabajo que dirigió en los días más críticos de la emergencia.
Agregó que los documentos que se adjuntaron al texto judicial fueron recortes de prensa que aparecieron publicados en medios de comunicación local respecto a los dichos de Fuentes y todas las actas o informes consolidados que disponía la ONEMI de las 48 sesiones del COE efectuadas en los meses de marzo y abril de este año, las que a su juicio, “demuestran todo el accionar que éste hace y todo lo que se aprueba. Aquí es el presidente el que está dando la cara acá, porque yo represento a todo este cuerpo colegiado en estos momentos”, manifestó.
Por último, afirmó no haber mantenido ningún contacto durante y después de la emergencia con personas involucradas en las denuncias que se han hecho al respecto y que no participaron o no formaron parte de las reuniones del COE, tal como se sindica al ex funcionario de la seremi de Justicia, Javier Gómez. “Aquí hay que tener claro el mandato que hace la ONEMI bajo la ley vigente, que es que el único comité que opera frente a la emergencia es el COE, así que lo que digan o hagan otros para mí no tiene mayor relevancia”, concluyó la primera autoridad.