Muy temprano llegó ayer en la mañana a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el médico siquiatra Juan Vukusic Kovacic, a presentar un recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones, representada por su director general, Marcos Vásquez. Producto de la resolución que adoptó en perjuicio de su paciente, la subprefecta Cecilia Núñez, aquejada de un “trastorno depresivo crónico”.
La oficial llamó la atención públicamente el lunes, esposándose a una banca de la plaza Benjamín Muñoz Gamero, vestida con el uniforme de la PDI, del tiempo en que fue jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. La protesta nació por el retiro que le fue notificado, no acogiéndose la apelación a la resolución del alto mando.
Recurso
La inusual protesta se extendió por varias, hasta pasada las 17.00 horas, cuando el doctor Vukusic y familiares lograron que la depusiera y fue trasladada por personal del Samu al Hospital Clínico de Magallanes.
Pero esto no quedó ahí, ya que el mismo médico tratante concurrió ayer a la Corte de Apelaciones a presentar un recurso de protección, a favor de Cecilia Núñez Aguilar, en contra de la institución policial, a propósito de haber “emitido en forma arbitraria e ilegal la Resolución Exenta Nº 10, de fecha 3 de mayo, que rechaza el recurso de invalidación interpuesto por Cecilia, toda vez que no se advierte en la resolución recurrida un acto contrario a derecho, no logrando la recurrente desvirtuar los hechos acreditados y que sirven de fundamento a la decisión que se pretende impugnar, esto es, el haber acumulado durante el año 2011 un total de 240 días de licencia médica sin mediar declaración de irrecuperabilidad”.
Vukusic, que se declara “médico siquiatra tratante de Cecilia Núñez”, subprefecto de la PDI, le solicita al tribunal de alzada acoger a trámite el recurso y, “en carácter de urgente”, solicita orden de no innovar, pidiendo la suspensión de los efectos de la mencionada resolución, emanada del director general de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, “por los perjuicios que ella conlleva a mi paciente, desvinculándola a su fuente laboral, por más de 27 años, sin derecho a pensión de invalidez alguno, oficiando al efecto a la comisión médica institucional a fin de que realice la evaluación médica necesaria para ver si procede recomendar su continuidad en el cargo o bien decretar su pensión de invalidez”.