El senador Pedro Muñoz valoró la decisión de la Cámara Alta de rechazar, con los votos de la Concertación e independientes, el proyecto de ley del Gobierno destinado a crear el Servicio Nacional Forestal, como organismo público continuador de la actual Corporación Nacional Forestal, CONAF. Ello obliga a La Moneda a esperar un año antes de reponer la iniciativa o insistir ante los diputados, requiriendo para ello 2/3 de los miembros de la Cámara Baja.
Muñoz señaló que pese a que todos los sectores comparten la necesidad de potenciar el rol del Estado en el ámbito forestal y que la reformulación de la CONAF ha sido solicitada incluso por el Tribunal Constitucional, que estimó inconveniente su actual conformación como corporación privada, el texto enviado por el Ejecutivo al Parlamento era muy deficiente.
El legislador PS apuntó a dos materias como las principales objeciones de la oposición al proyecto. En primer término indicó que no se asegura en forma suficiente el rol del Estado en la preservación y fomento de los recursos forestales, a través de una orgánica y recursos idóneos, existiendo, además, el riesgo de duplicación de funciones con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se está creando.
Asimismo, sostuvo que no se asegura la protección de los trabajadores de CONAF en cuanto a su estabilidad y nivel de remuneraciones. “En ese sentido, los senadores de la oposición recogimos las innumerables dudas y temores de los funcionarios que ven como la creación de este nuevo Servicio no genera ninguna mejoría en su situación laboral y, peor aún, se aprecia como un riesgo para sus empleos” – recalcó.
Muñoz lamentó que no haya existido voluntad del Gobierno para atender las observaciones que oportunamente se hicieron al proyecto. “Se insistió porfiadamente en un mal proyecto” – afirmó – agregando que “por el bien del país y sus recursos forestales espero que se recapacite y se busquen consensos.”
“Tal como ocurrió, en años anteriores, por ejemplo, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Consejo de la Cultura, del Instituto de Derechos Humanos y otros servicios públicos, el Ejecutivo debe entender que se trata de entidades de largo aliento y que deben surgir de un acuerdo que asegure su funcionamiento adecuado y que vele por la estabilidad y mejoramiento de los trabajadores de las entidades que se reformulan” – culminó señalando el senador socialista.