Casos de tortura y otros maltratos policiales a los detenidos durante las protestas registradas en Chile, en 2011, son denunciados por Amnistía Internacional (AI) en su informe anual publicado durante las últimas horas en Londres. En el documento sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional se refiere a “las palizas y amenazas de violencia sexual contra estudiantes detenidos arbitrariamente” por la policía en las concentraciones para exigir cambios en la educación pública y en las políticas medioambientales en Chile.
La organización pro derechos humanos destaca la muerte de un estudiante de 16 años, identificado como Manuel Gutiérrez Reinoso, por un disparo de la policía en las manifestaciones convocadas en agosto en la capital chilena. Poco después, cinco agentes fueron destituidos y dimitió un general de la policía.
En noviembre, la Corte Marcial ordenó la libertad bajo fianza del policía acusado de efectuar el disparo.
AI denuncia también el uso excesivo de la fuerza policial contra las comunidades indígenas y expresa su preocupación por la aplicación inadecuada de la legislación antiterrorista contra activistas mapuches, incluidos menores de edad.
Decenas de miles de personas pidieron también en las calles de Chile la suspensión del proyecto HidroAysén, que implica la construcción de cinco represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena.
En junio del año pasado, tras la oposición y la protesta social generalizada en Chile, un tribunal de apelación suspendió el proyecto. Sin embargo, esa corte levantó la orden de suspensión en octubre del mismo año.
El informe de Amnistía Internacional cita también el aumento del número de querellas por violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar chileno (1973-1990) del general Augusto Pinochet Ugarte, aunque menos de un tercio de los condenados cumplía penas de prisión.
El informe de AI cita también el aumento del número de querellas por violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante los años que se extendió el régimen encabezado por la denominada Junta de Gobierno. Sin embargo, se precisa respecto de estas últimas, que menos de un tercio de los condenados ha cumplido o cumple penas de prisión.