Cansada de que calumnien con el nombre de su empresa se manifestó la propietaria de Rayén SPA, Patricia Leiva, compañía que tras el aluvión producido el pasado 12 de marzo en Punta Arenas, comenzó a desarrollar las labores de limpieza en las zonas damnificadas. El 24 de abril comenzaron las denuncias por irregularidades contra la empresa, día en el que la diputada Carolina Goic y el presidente regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, entregaron antecedentes en Contraloría sobre la contratación de la compañía.
“Quiero pedir una revisión exhaustiva de la Contraloría respecto a estos contratos que han sido por más de mil millones de pesos. Hemos visto las facturas y llama la atención que en sólo 5 días de trabajo la empresa facturó más de 154 millones de pesos o que en 12 días, por contratar un poco más de 100 personas se cobren más de 50 millones”, señaló en la oportunidad Goic, solicitando trasparencia y dejando en claro que la situación de emergencia no es una justificación “para que alguien haga negocio”, dijo.
Con el paso del tiempo, el término “irregularidad” fue pan de cada día en boca de diferentes actores de la ciudadanía. Fue así como el subcontratista Carlos Fuentes, denunció que la empresa lo había estafado y que a la fecha le adeudan más de 50 millones de pesos en facturas.
Posteriormente replicó su denuncia en conferencia de prensa realizada con el consejero regional Karim Bianchi, quien acusó a Rayén SPA de no contar con el personal ni las maquinarias necesarias para trabajar en la limpieza de la ciudad, y de cambiar su razón social recién en enero de este año, teniendo un capital de 2 millones de pesos.
El core más tarde denunció además que en el caso está involucrado el jefe de la División de Análisis y Control (DAC) del Gobierno Regional, Luis Sáez, palabras que conllevaron a que el profesional se querellara por injurias graves con publicidad en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra Bianchi.
Días antes, específicamente el 11 de mayo, el propio intendente Arturo Storaker salió al paso de las versiones que criticaban no sólo a Rayén, sino que al Gobierno Regional, y se querelló por calumnias contra el subcontratista Carlos Fuentes.
En la oportunidad la máxima autoridad regional dijo que entre las pruebas presentadas destacaron las de un medio de comunicación en el que Fuentes lo califica como el causante de que no se le hayan cancelado los dineros adeudados por la empresa Rayén SPA.
Minutos antes de haber asistido al Juzgado de Garantía, Storaker se dirigió hasta la Fiscalía, donde presentó los antecedentes referidos a los procesos que se llevaron a cabo tras el aluvión, sosteniendo que se entregaron todos los procedimientos del Comité Operativo de Emergencias (COE) referentes a la aprobación de contratos, como asimismo la totalidad de las actas.
Acción judicial
Hoy, es Rayén SPA la que quiere “limpiar” su imagen y analiza una serie de acciones judiciales para lograr aquello.
Este lunes la propietaria de la sociedad, Patricia Leiva, presentará una querella en el Juzgado de Garantía por falsificación ideológica contra quienes resulten responsables, la cual estará patrocinada por el abogado Juan José Arcos.
Ésta corresponde a las facturas antes mencionadas emitidas por Carlos Fuentes, pero que a juicio de la empresa no tienen validez debido a que fueron recepcionadas por alguien ajeno a Rayén. “Aquí claramente lo que hay, es tratar de engañar a los tribunales aparentando una firma o un poder de representación que no se tiene, por lo cual obviamente se comete un ilícito y eso claramente es una falsificación ideológica”, señaló Arcos.
Más adelante, Leiva se querellará nuevamente, pero esta vez contra el subcontratista, señalando Arcos que ésta acción judicial obedecerá a una serie de declaraciones que el empresario realizó a diversos medios de comunicación referentes a una imputación sobre algún tipo de estafa o fraude al fisco en contra de los representantes de Rayén SPA. “Claramente están fuera de contexto y desde luego ameritan que sean investigadas y que sean sometidas a un juzgamiento judicial. En cierto modo aquí lo que se trata de hacer ver, es que existe una empresa que habría tratado de engañar al Estado de Chile en circunstancias de que efectivamente todos sabemos que es una empresa que ha realizado sus trabajos y que obviamente ha cobrado en consecuencia de ello”, estableció el abogado, destacando que se está hablando de una compañía que tiene más de 110 trabajadores contratados con remuneraciones más altas que las brindadas en el mercado.